Comunicados

Un año de gobierno:
¿DEBEMOS SEGUIR MANTENIENDO LA ESPERANZA?
Desde 2008, trabajamos en la Mesa de Comunicaciones y Libertad de Expresión para construir propuestas de políticas públicas hacia la democratización de las comunicaciones en El Salvador, como insumo para el Plan de Gobierno del entonces candidato. En este marco, se le entregó a Mauricio Funes el documento, en el Auditorium de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador; y el ahora Presidente elogió el trabajo de las radios comunitarias y de los medios alternativos, y ofreció su total respaldo. A un año de gobierno: ¿Qué promesas se han cumplido?, ¿Qué ha cambiado?
Luego, realizamos la “Cadena de la Esperanza”: nos sumamos al gran esfuerzo de las radios comunitarias y de la mayoría de la población para darle oportunidad a otro gobierno y superar los veinte años de retroceso y corrupción. Ahora, nos preguntamos: ¿Qué cambios sustanciales se han dado?
Después, llevamos a cabo la Jornada “Democracia y Desarrollo: Retos para el Nuevo Gobierno”, en la que estuvieron presentes el Secretario de Asuntos Estratégicos, Sr. Francis Hato Hasbun y el Gerente de Telecomunicaciones, de la SIGET, Sr. Saúl Vásquez, evento presidido por la Vicepresidenta Internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Aleida Calleja. Los dos funcionarios públicos se comprometieron a efectuar los cambios necesarios. En esta jornada, aseguraron que para el nuevo gobierno la comunicación es un tema estratégico. Por ello, nos preguntamos: ¿Cuáles son las políticas públicas de este nuevo gobierno sobre las comunicaciones?
También nos reunimos con al anterior y con el nuevo Superintendente de Telecomunicaciones y le señalamos la necesidad de una Ley de Radio y Televisión que contemple aspectos como la digitalización, la eliminación de la subasta como único medio para concesionar frecuencias, el reconocimiento de la comunicación comunitaria sin fines de lucro, a la que debe reservarse un espacio importante del espectro radioeléctrico, entre otros aspectos. A un año del nuevo gobierno, El Salvador sigue con la misma Ley de Telecomunicaciones, creada en los tiempos de la antigua ANTEL, que fue diseñada y aprobada a la medida de los intereses comerciales. Se trata de una Ley que la misma SIGET reconoce como injusta, antidemocrática y obsoleta. De nuevo nos preguntamos ¿Qué iniciativa de ley está preparando la nueva administración gubernamental para contar con marcos jurídicos que superen las cuestionadas prácticas del pasado en materia de comunicación?
Asimismo, hemos efectuado diferentes conferencias de prensa en la que se ha divulgado una serie de justas demandas que contribuyan a democratizar las comunicaciones para beneficio de la población: la necesidad de una ley que regule la distribución de la pauta publicitaria para que no siga premiando a los mismos intereses oligopolios mediáticos, la necesidad del “ombudsman” o Procurador del Derecho a la Comunicación de la ciudadanía, la necesidad de una Ley de Acceso a la Información, entre otros aspectos que siguen aún pendientes.
Al mismo tiempo, nos reunimos con la Asociación de Radiodifusores de El Salvador (ASDER), atendiendo invitación del Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, reunión en la que estuvo presente el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Sr. David Rivas, a quien el Relator ofreció sus dignos oficios para moderar una Mesa de Diálogo Nacional para la Democratización de las Comunicaciones la cual todavía no se realiza.
Continuamos padeciendo la censura indirecta, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se sigue ahogando económicamente a las estaciones sin fines de lucro, lo que afecta la libertad de expresión y evita la pluralidad de voces que nazcan desde las mismas comunidades.
Así, después de un año de un gobierno que ofreció cambio y esperanza y que sigue demostrando la marginación de siempre, el Movimiento para la Comunicación Democrática, MCD, reitera su compromiso y trabajo hacia la democratización de las comunicaciones para democratizar al país.
Por lo tanto, Sr. Presidente Mauricio Funes, de nuevo demandamos:
1. A que convoque, lo antes posible, a una Mesa Nacional para la Democratización de las Comunicaciones, en la que participe la sociedad civil, ARPAS, ASDER y representantes de este Movimiento.
2. A que, en uso de sus facultades constitucionales, promueva una Ley de Radio y Televisión moderna, justa y equitativa que incluya a los tres sectores de la radiodifusión: público-estatal, comercial y sin fines de lucro.
3. Que de igual forma, tome el liderazgo para crear una Ley de Acceso a la Información que contemple la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría ciudadana, evitando su control en manos privadas, cuyo modus operandi corrompa su aplicación.
4. Asimismo, esperamos su acción que decidida para proponer y promover una Ley de Pauta Publicitaria del Gobierno, que contemple parámetros justos para el buen uso de los fondos públicos que se destinan a la publicidad gubernamental.
5. Una auditoria de cómo se concedieron las frecuencias en los últimos veinte años, en los que ha predominado el compadrazgo, la corrupción y los negocios, lo que ha llevado a olvidar que la comunicación es un derecho y no una mercancía, y ha dejado de lado el hecho de que, más que consumidores, somos ciudadanos que tenemos derechos.
6. Una discusión social amplia que conduzca a la creación del Procurador de los Derechos Humanos de la Comunicación, que proteja a los y las ciudadanas de su derecho a la comunicación.
7. Acciones y propuestas que permitan fortalecer a los gremios de periodistas y comunicadores/as, de manera que sean actores claves en demandar y vigilar mejores condiciones laborales y la plena vigencia de la libertad de prensa en El Salvador.
8. Políticas públicas que estimulen el fortalecimiento de la comunicación independiente, alternativa, participativa, ciudadana y sin fines de lucro.


DEMOCRATICEMOS LAS COMUNICACIONES
PARA DEMOCRATIZAR EL PAÍS
Un grupo de personas e instituciones, ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas, comprometidos con la comunicación y convencidas de la necesidad creciente de la participación para construir los cambios que el país necesita, queremos compartir las siguientes reflexiones:
1. La comunicación es un derecho, de todos y todas, no una mercancía, por lo cual la gente tiene derecho a participar propositivamente, a través de los medios de comunicación social, en la discusión de los problemas y las soluciones que afectan a su comunidad.
2. Dicha participación incluye la posibilidad de crear sus propios medios que permitan la comunicación de la gente para la gente, ya que creemos en un país de libertades y, más aún, en el que prevalezca la verdadera libertad de expresión, no de unos pocos, sino de todas las personas que quieran hacerse escuchar.
3. Lo anterior implica la tarea urgente de propiciar un uso más justo y equitativo del espectro radioeléctrico que permita la coexistencia respetuosa de los tres sectores de la comunicación: el público/estatal, el comercial y el comunitario o sin fines de lucro.
Por lo tanto:
A este nuevo gobierno le solicitamos y recomendamos, desde la ciudadanía, lo siguiente:
1. Que convoque a una Mesa Nacional por la Democratización de las Comunicaciones para desarrollar una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias y sobre el diseño de una propuesta de ley de radio y televisión, en la que participen los tres sectores de las comunicaciones.
2. Que diseñe e implemente políticas públicas sobre las comunicaciones que garanticen el inicio de un proceso de democratización de las mismas, como un elemento clave para apoyar y fortalecer el proceso democrático y la libertad de expresión en nuestro país.
3. Que promueva la aprobación de una ley de acceso a la información pública que le garantice a la ciudadanía una información completa, coherente, equitativa y oportuna.
4. Que se reforme y distribuya el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de las comunicaciones para garantizar un mayor beneficio social de un bien que es de todas y todos los salvadoreños.
5. Que implemente, en el corto plazo, la política gubernamental para estimular y fortalecer la radiodifusión comunitaria a escala nacional.
6. Que tome en cuenta que es necesario democratizar, reencauzar y fortalecer los medios de comunicación del Estado existentes a fin de garantizar su función cultural, educativa, de entretenimiento, y sobre todo, para que generen procesos comunicacionales participativos desde la ciudadanía.
7. Que se legisle la asignación de la publicidad gubernamental, con criterios técnicos y equitativos, considerando aspectos nacionales, regionales y locales, segmentados por públicos, para garantizar que ésta no sirva para premiar o castigar a los medios de comunicación que no coinciden con las políticas gubernamentales.
8. Que se fomente y apoye la figura del Defensor de los Derechos del Receptor y Receptora de Medios de Comunicación (“Ombudsman”), figura que deberá estar vinculada a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
9. Que desarrolle acciones y propuestas que permitan fortalecer a los gremios de periodistas y comunicadores/as, de manera que sean actores claves en demandar y vigilar mejores condiciones laborales y la plena vigencia de la libertad de prensa en El Salvador.
Por otra parte, queremos aprovechar este espacio para expresar nuestra solidaridad con Radio Victoria, emisora comunitaria de Cabañas, cuyos miembros siguen siendo amenazados por su lucha por la vida y la defensa del medio ambiente, y demandamos mayor efectividad a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, pues atentar contra un medio de comunicación es afectar directamente la libertad de expresión.


LLAMAMOS A UN DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA RADIO
Y TELEVISIÓN SALVADOREÑA
A propósito de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho
a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, como Movimiento para la Comunicación Democrática queremos expresar:
1. Nuestro apoyo a la iniciativa de organizar un diálogo nacional alrededor del marco regulatorio para la radiodifusión salvadoreña, que también incluya una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias y sobre el diseño de una propuesta de ley de radio y televisión, en el que participen los actores involucrados en el quehacer de la comunicación, como son: los medios de comunicación estatales (que pueden estar representados por la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET), los medios comerciales representados por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), el Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD), universidades y otros actores interesados en el tema.
En ese sentido, apoyamos el ofrecimiento del Relator Especial de la ONU de acompañar este proceso de diálogo y consulta nacional.
2. Compartimos la idea de que la comunicación comunitaria, las radios y la televisión salvadoreña, juegan un papel muy importante para profundizar la democracia y que deben fortalecerse. Aunque legítimo, la comunicación no debe verse solo desde el punto de vista comercial, debe contener y permitir otros aspectos, ya que la diversidad y el pluralismo son principios claves de la libertad de expresión.
3. En el espectro radioeléctrico (conocido como Dial) existen más de 120 radios con finalidad comercial, la mayoría con una frecuencia para cada una de esas radios. Por otro lado, hay 21 radios comunitarias, cuya finalidad es servir a la comunidad en la que se encuentran, y funcionan en una sola frecuencia (92.1 F.M.) segmentada para todas. ¿Es esto equitativo? ¿Democrático? ¿Contribuye a la libertad de expresión y de pensamiento, al pluralismo y a la libertad de expresión que todos deseamos? Consideramos que no.
4. Abogamos para que la digitalización de las frecuencias, la cual puede servir para propiciar una mayor pluralidad de voces en el espectro radioeléctrico, se dé de una forma equitativa y ordenada para que contribuya a la promoción de la libertad de expresión y no al fortalecimiento de los oligopolios mediáticos del país.
5. Consideramos que el Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a estar debidamente informados, son derechos individuales y colectivos que nos asisten a todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Por lo tanto:
Al gobierno le solicitamos lo siguiente:
1. Que convoque cuanto antes a una Mesa Nacional que sea un espacio de diálogo y debate con todas las instancias y sectores interlocutores interesados en hacer comunicación, con el propósito de propiciar una reflexión amplia e incluyente sobre el estado actual y futuro de las comunicaciones.
2. Que reforme y distribuya el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de las comunicaciones (estatal/público, comercial y comunitario) para garantizar un mayor beneficio social de un bien que es de todas y todos los salvadoreños.
3. Que tome en cuenta que es necesario democratizar, reencauzar y fortalecer los medios de comunicación del Estado existentes a fin de garantizar su función cultural, educativa, de entretenimiento, y sobre todo, para que generen procesos comunicacionales participativos desde la ciudadanía.
4. Que clarifique las políticas gubernamentales de comunicación tendientes a transparentar la información pública y la forma de cómo se asigna la pauta publicitaria estatal.
5. Que desarrolle acciones y propuestas que permitan fortalecer a los gremios de periodistas y comunicadores/as, de manera que sean actores claves en demandar y vigilar mejores condiciones laborales y la plena vigencia de la libertad de prensa en El Salvador.
Queremos reiterar que como MCD concebimos el derecho a la comunicación como una casa de tres puertas: una que posibilita la entrada a una libertad de expresión irrestricta, otra que brinda un adecuado acceso a la información, y una más que lleva al derecho a fundar medios propios desde la ciudadanía, entendida la propiedad no como individual sino como el derecho de las comunidades de contar con medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales.


MANIFIESTO LIBERTAD DE EXPRESION PARA UN NUEVO PAIS
La comunicación es un bien público no una mercancía. Por eso, invitamos a reflexionar, a través de este comunicado, acerca del Derecho a la Comunicación, que contiene al Derecho a la Libertad de Expresión, cuyo día se celebra cada 3 de mayo.
En la historia nacional, la voz de las mayorías se ahogó en el silencio, que con alto ruido impusieron los poderes económicos- políticos, asociados con algunos medios de comunicación, para beneficio propio.
Consumismo, propaganda y desinformación, en perjuicio de la responsabilidad social y de su misma ética y credibilidad, fueron más que evidentes en algunos medios durante el reciente periodo electoral.
Pero las mayorías alzaron su voz de esperanza y vencieron al aparato gubernamental, a la maquinaria eleccionaria del partido en el poder, al poder de los medios a favor del mismo gobierno, al poder del capital, a la mentira y al miedo. Y por fin, ahora nos enfrentamos al reto de construir, participativamente, un nuevo país; el país que queremos.
En esta situación es urgente la búsqueda de la unidad. Es vital que las organizaciones sociales progresistas coordinemos estratégicamente nuestros esfuerzos. Y esto se logra con organización, con una mirada común de nación… y con comunicación.
Es por eso que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, preocupados/as por la comunicación para el cambio social, nos estamos sumando a un movimiento creciente que busca contribuir a la democratización de las comunicaciones para democratizar el país.
Por eso nos interesa que a la ya existente comunicación comercial, que debe retomar su función social, se una la comunicación pública/ estatal, con medios de calidad; es decir, que la radio nacional, la radio de la Fuerza Armada y la televisión nacional se refunden a partir de las necesidades e intereses de las mayorías y se nutran y sirvan a las mismas, mediante la permanente consulta ciudadana, por ejemplo.
Pero ya es tiempo, además, que otro sector de las comunicaciones crezca: la comunicación social sin fines de lucro, con más radiodifusoras y cables de televisión comunitaria, con medios impresos alternativos que den espacio a la gente para manifestarse. No es posible, para el caso, que exista solo una frecuencia comunitaria ante cerca de doscientas frecuencias comerciales que pueden sintonizarse en el dial.
Hoy más que nunca es necesario dibujar un nuevo mapa de medios que contrarreste los intereses de los oligopolios comerciales y que haga prevalecer los intereses nacionales a los intereses de lucro. Solo así, podremos ayudar a un gobierno popular que camine de la mano con el poder ciudadano.
POR TANTO:
Demandamos, desde la ciudadanía a este nuevo gobierno que nació de la esperanza, diseñe e implemente una política pública que contribuya al inicio de la democratización de las comunicaciones, como elemento clave para apoyar y fortalecer el proceso democrático y de alternancia política que estamos viviendo.
Una política pública que se sostenga en un marco jurídico que pueda contemplar las siguientes acciones:
1. Promover la aprobación de una ley de acceso a la información pública que garantice a la ciudadanía el derecho de conocer qué están haciendo los funcionarios públicos con los impuestos de la gente. Ley que debe asegurar que la información que se brinde sea completa, coherente, equitativa y oportuna.
2. Debe iniciar y desarrollar una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias, donde participen los tres sectores de las telecomunicaciones antes mencionados. Sobre todo porque la superación de la brecha digital y la inclusión de todos los sectores a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, exige que los Estados adopten mecanismos para garantizar el acceso y migración de los medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Consideramos que los retos que plantea la convergencia de medios y la digitalización de los soportes analógicos deben enfrentarse en un entorno de adaptabilidad tecnológica y regulatoria, transparencia y equidad.
3. Se necesita urgentemente una revisión y reformas de la Ley de Telecomunicaciones, para garantizar un acceso democrático, justo y equitativo de la ciudadanía, a las frecuencias de radio y televisión. Se debe eliminar la figura de la subasta como único mecanismo para acceder al espectro radioeléctrico, pues es inconstitucional y antidemocrático, ya que solamente favorece la consolidación de los oligopolios mediáticos del país.
4. Recomendamos reformar y distribuir el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de la radiodifusión, para garantizar una democratización y mayor beneficio social de un bien que es colectivo. Existen leyes en otros países como Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay e innovadores anteproyectos de ley como el de Argentina, que consideran que alrededor del 30% de las frecuencias del dial debe reservarse para el sector social sin fines de lucro.
5. La necesidad de democratizar, reencauzar y fortalecer los medios de comunicación del Estado existentes, para garantizar su función cultural, educativa, de entretenimiento, y sobre todo, para que generen procesos comunicacionales participativos desde la ciudadanía.
6. Diseñar e implementar en el corto plazo la política gubernamental que estimulará y fortalecerá la radiodifusión comunitaria a nivel nacional, ya que estas radios y televisoras promueven la libre expresión de los distintos sectores de la sociedad.
7. Recomendamos se legisle la asignación de la publicidad gubernamental, con criterios técnicos y equitativos, considerando aspectos nacionales, regionales y locales, segmentados por públicos, para garantizar que ésta no sirva para premiar o castigar a los medios de comunicación que no coinciden con las políticas gubernamentales.
8. Fomentar y apoyar la figura del Defensor de los Derechos del Receptor/a de Medios de Comunicación (Ombudsman), que podría estar vinculado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
9. Desarrollar acciones y propuestas que permitan fortalecer a los gremios de periodistas y comunicadores/as, de manera que sean actores claves en demandar y vigilar mejores condiciones laborales y la plena vigencia de la libertad de prensa en El Salvador.
SOMOS
Organizaciones y medios de comunicación, que formamos parte de un movimiento ciudadano, que trabaja por una comunicación democrática que contribuya a una mayor participación de la población. Consideramos que este nuevo período presidencial debe ser aprovechado para entregarle a las presentes y futuras generaciones un mapa de medios que trabaje por fortalecer nuestra democracia, identidad y reconciliación nacional.

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