Asesinan al noveno periodista en lo que va del año en Honduras
Un periodista de Honduras, el noveno en lo que va de 2010, fue asesinados la noche del pasado lunes por desconocidos que le dispararon desde un vehículo en movimiento en la ciudad de El Paraíso, así lo informaron familiares y autoridades a medios locales.
El director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue ultimado hacia las 22H00 hora local (04H00 GMT del martes) cuando estaba sentado con su hijo en la acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes.
Mondragón había denunciado amenazas por criticar a funcionarios locales y diputados por actos de corrupción. Las autoridades forenses no habían llegado a practicar el reconocimiento del cuerpo que estaba aún en la acerca hacia la medianoche de este lunes.
Este es el noveno profesional de la comunicación que es ultimado en lo que va de año. El pasado 18 de febrero, el periodista Nicolás Asfura, de 42 años de edad, fua hallado muerto atado de pies y manos en la bañera de su vivienda. Seguidamente, el 1 de marzo, Joseph Hernández Ochoa, de 26 años, fue abaleado cuando iba en su vehículo.
El 11 de marzo es acribillado, David Meza, de 51 años de edad, quien se desempeñaba como corresponsal del Canal 10. Tres días después, el 14 de marzo, es asesinado el periodista Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su carro.
Los otros periodistas hondureños asesinados durante al año son Georgino Orellana (el 20 de abril), Luís Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo).
La CIDH había pedido protección para Palacios Arteaga el año pasado, después que recibiera amenazas de militares tras el golpe de Estado.
El comunicador Bayardo Mairena, de 52 años, y su asistente Manuel Juárez, de 54 fueron asesinados, el 26 de marzo, mientras viajaban en un vehículo.
El 11 de abril fue muerto el locutor Luis Chévez Hernández, de 23 años, quien trabajaba en la emisora W105.
Por último, el pasado 20 de abril, el periodista Georgino Orellana, de 48 años, es asesinado de un disparo al salir del canal de televisión donde trabajaba.
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, señaló el pasado 24 de abril que la institución había "denunciado los crímenes y a exhortado al Estado" a adoptar las medidas necesarias para "investigar y juzgar a las personas que cometieron" los asesinatos, para que de una vez por todas la prensa pueda realizar su trabajo "de manera libre y desinhibida".
Boteró lamentó que aún no hayan "resultados de las investigaciones".
"La relatoría ha dicho que es muy importante que haya diversidad de medios, para que el público, la sociedad pueda estar informada y no tenga una sola visión del mundo", agregó.
Después del golpe de Estado militar, el pasado 28 de junio de 2009, el cual secuestró y expulsó de Honduras al constitucional presidente Manuel Zelaya, el país se vio sumido en una crisis constitucional.
El Frente de la Resistencia contra el golpe, que nació el mismo día del Golpe, continúa luchando para conseguir orden constitucional y una Asamblea Nacional Constituyente.
El sucesor del régimen de facto fue elegido bajo unas elecciones "espurias" y asumió la presidencia en enero de este año, el mismo día que salió Zelaya del país como huésped de honor hacia República Dominicana, después de permanecer más de 100 días en la embajada en Brasil en Tegucigalpa. teleSUR-AFP/ dag/IM
El director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue ultimado hacia las 22H00 hora local (04H00 GMT del martes) cuando estaba sentado con su hijo en la acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes.
Mondragón había denunciado amenazas por criticar a funcionarios locales y diputados por actos de corrupción. Las autoridades forenses no habían llegado a practicar el reconocimiento del cuerpo que estaba aún en la acerca hacia la medianoche de este lunes.
Este es el noveno profesional de la comunicación que es ultimado en lo que va de año. El pasado 18 de febrero, el periodista Nicolás Asfura, de 42 años de edad, fua hallado muerto atado de pies y manos en la bañera de su vivienda. Seguidamente, el 1 de marzo, Joseph Hernández Ochoa, de 26 años, fue abaleado cuando iba en su vehículo.
El 11 de marzo es acribillado, David Meza, de 51 años de edad, quien se desempeñaba como corresponsal del Canal 10. Tres días después, el 14 de marzo, es asesinado el periodista Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su carro.
Los otros periodistas hondureños asesinados durante al año son Georgino Orellana (el 20 de abril), Luís Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo).
La CIDH había pedido protección para Palacios Arteaga el año pasado, después que recibiera amenazas de militares tras el golpe de Estado.
El comunicador Bayardo Mairena, de 52 años, y su asistente Manuel Juárez, de 54 fueron asesinados, el 26 de marzo, mientras viajaban en un vehículo.
El 11 de abril fue muerto el locutor Luis Chévez Hernández, de 23 años, quien trabajaba en la emisora W105.
Por último, el pasado 20 de abril, el periodista Georgino Orellana, de 48 años, es asesinado de un disparo al salir del canal de televisión donde trabajaba.
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, señaló el pasado 24 de abril que la institución había "denunciado los crímenes y a exhortado al Estado" a adoptar las medidas necesarias para "investigar y juzgar a las personas que cometieron" los asesinatos, para que de una vez por todas la prensa pueda realizar su trabajo "de manera libre y desinhibida".
Boteró lamentó que aún no hayan "resultados de las investigaciones".
"La relatoría ha dicho que es muy importante que haya diversidad de medios, para que el público, la sociedad pueda estar informada y no tenga una sola visión del mundo", agregó.
Después del golpe de Estado militar, el pasado 28 de junio de 2009, el cual secuestró y expulsó de Honduras al constitucional presidente Manuel Zelaya, el país se vio sumido en una crisis constitucional.
El Frente de la Resistencia contra el golpe, que nació el mismo día del Golpe, continúa luchando para conseguir orden constitucional y una Asamblea Nacional Constituyente.
El sucesor del régimen de facto fue elegido bajo unas elecciones "espurias" y asumió la presidencia en enero de este año, el mismo día que salió Zelaya del país como huésped de honor hacia República Dominicana, después de permanecer más de 100 días en la embajada en Brasil en Tegucigalpa. teleSUR-AFP/ dag/IM
Asesinado a tiros periodista radiofónico en Filipinas
Un comentarista radiofónico fue asesinado a tiros por un pistolero mientras ejercía de jurado en un concurso de canto en el sur de Filipinas, informaron este martes fuentes policiales.
Desiderio Camangyam, de 52 años, recibió ayer dos tiros por la espalda en la provincia de Davao Oriental, mil kilómetros al sureste de Manila, y se convierte en el tercer periodista asesinado en lo que va de año.
El portavoz policial Querubin Manalang aseguró que todavía no se conocen los motivos del crimen, aunque la Policía sospecha que está relacionado con su trabajo, ya que el comentarista era conocido por sus duras críticas a los políticos locales durante la reciente campaña electoral. teleSUR-Efe/MFD
Desiderio Camangyam, de 52 años, recibió ayer dos tiros por la espalda en la provincia de Davao Oriental, mil kilómetros al sureste de Manila, y se convierte en el tercer periodista asesinado en lo que va de año.
El portavoz policial Querubin Manalang aseguró que todavía no se conocen los motivos del crimen, aunque la Policía sospecha que está relacionado con su trabajo, ya que el comentarista era conocido por sus duras críticas a los políticos locales durante la reciente campaña electoral. teleSUR-Efe/MFD
Honduras: Contingente militar- policial clausura transmisiones de La Voz de Zacate Grande
Puerto Grande, Amapala, Valle.- Un contingente militar y policial de unos 300 hombres incursionó esta mañana en la comunidad de Puerto Grande y otras aldeas de la Península del mismo nombre localizada en la zona sur del país, con el propósito de capturar a 5 dirigentes del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande de acuerdo a órdenes emanadas por el Juzgado de Amapala. Los policías también colocaron una cinta amarilla con la leyenda "escena del crimen" en la puerta de acceso a la radio comunitaria para evitar que La Voz de Zacate Grande pueda transmitir su programación. El Juzgado de Amapala giró órdenes de captura contra Pedro Canales, Danilo Osorio, Rafael Osorio, Wilmer Rivera y Santos Benito Pérez, reconocidos dirigentes comunitarios de la zona, acusados por los delitos de usurpación de tierras y defraudación fiscal, éste último, como el supuesto delito relacionado a las operaciones de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande (97.1FM) que emite su señal en un radio de acción de 25 kilómetros, para unas 10 comunidades en el Golfo de Fonseca.
Informes recabados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y denuncias transmitidas a través de la emisora Radio Globo, de cobertura nacional, reflejaron la zozobra que imperó entre las comunidades por la presencia de centenares de efectivos de la Base Naval de Amapala, el 11 Batallón de Infantería y la Policía Nacional.
Se ha informó que agentes de investigación interrogaron a los residentes sobre el paradero de los campesinos sobre los cuales penden órdenes de captura, pero lo que es más grave aún, es que se amenazaban con desalojar a muchas familias que habitan en Puerto Grande, tierras que reclama como propias el terrateniente y agroindustrial Miguel Facussé, a pesar que los habitantes tienen más de un siglo de vivir en la península.
Otra preocupación expresada por los pescadores y campesinos fue que los militares y policías procedieran a derribar la torre de transmisión y que destruyeran los equipos de radio comunitaria la Voz de Zacate Grande. La situación era tensa y alertó al Cofadeh a instar a las autoridades nacionales, a la comunidad nacional e internacional a que sigan de cerca la situación por la que atraviesan las comunidades de Zacate Grande, porque pueden derivarse graves violaciones a los derechos humanos.
"Desde la Voz de Zacate Grande hemos denunciado los abusos cometidos por la oligarquía con el golpe de Estado y las amenazas que el empresario Miguel Facussé ha vertido para quedarse con nuestras tierras", anunció uno de los comunicadores sociales que labora para la radio comunitaria.
De acuerdo a la Constitución de la República y las Convenciones Internacionales el derecho a la información que tienen las comunidades no puede ser restringido, ya sea cuando se trate de radios, televisoras y medios impresos. El Ministerio Público está obligado a verificar una situación tan delicada como es la represión contra un medio de comunicación.
Por otro lado el MP debe verificar cuáles son las instrucciones que recibieron los militares y policías que realizaron este operativo en la zona, para prever que no se produzcan enfrentamientos con las poblaciones civiles, situación que puede agravar más el actual clima de ingobernabilidad del actual régimen.
De último momento se informó que los policías y militares se retiraron hacia Playa Virgen, lugar en donde se encuentran las mansiones de veraneo del famoso Club de Coyolito, integrado por reconocidos personajes de la vida política y empresarial del país, no sin antes haber amenzado a los pobladores que si cortan la cinta amarilla colocada a la entrada de la radio comunitaria tendrían serios problemas.
El Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande y la ASOCIACION POR EL DEASARROLLO DE LA PENINSULA DE ZACATE GRANDE (ADEPZA) anunció una serie de manifestaciones y plantones para protestar por las intenciones de capturar a dirigentes comunitarios, por las amenazas vertidas por el empresario Miguel Facussé y para que se les permita reanudar las transmisiones de La Voz de Zacate Grande.
Relatoría de la OEA: los medios deben autorregularse con normas éticas
Diario Co Latino
Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió con organizaciones sociales salvadoreñas dedicadas al estudio y fortalecimiento del acceso a la información y la libertad de expresión del país.
La Relatoría Especial fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1997, en el Noveno Séptimo período de sesiones, oficina que se caracteriza por un mandato permanente, con independencia funcional y estructura operativa.
Botero fue invitada por la Convención Judicial 2010, en la que expuso sobre derecho a la información y la transparencia de las instituciones de Estado, en el manejo de información pública.
“No conozco el contexto salvadoreño -pero creo- que en cualquier país se pueden dar relaciones armónicas entre los medios de comunicación y el Estado, esto no quiere decir que no se manejen tensión entre ambos actores porque el papel de los medios es de cuestionar, preguntar, indagar -ellos- no tienen la misión de aplaudirle al Estado, pero deben hacerlo con normas éticas de autorregulación”, declaró.
Asimismo, consideró que los funcionarios públicos y el Estado debería entender el papel de “crítica” de los periodistas al interior de la sociedad salvadoreña a quien informan “teniendo clara esas dos premisas del papel de cada uno de ellos, será más fácil construir una cultura armónica, aunque no estará exenta de tensiones”, agregó.
Catalina Botero y Flor Elba Castro Martínez Especialista en Derechos Humanos, explicaron el alcance y contribución que puede realizar esta oficia en los Estados miembros de la OEA.
Botero explicó: “Redactamos informes específicos o temáticos, así como, acciones de verificación o seguimiento de las condiciones del ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los Estados miembros”.
La Relatoría Especial, según explicó, Flor Elba Castro, se extiende a la prestación de asesoría técnica a los órganos de la OEA y de la elaboración de un informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en las Américas.
“Este informe sería considerado por el pleno de la CIDH, para que sea incluido en el informe Anual de la Asamblea General”, dijo.
Mientras Catalina Botero habló de las “medidas cautelares” en materia de libertad de expresión, que pretende evitar un perjuicio grave, inminente o irremediable de a las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado.
Entre las organizaciones invitadas se contó con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Maestría en Comunicaciones de la UCA, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Departamento de Letras , Comunicación de la UCA, entre otras.
Relator de ONU dice que acceso a radios es difícil en El Salvador
El Relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, declaró ayer que en El Salvador hay un difícil acceso al espacio radioeléctrico para las comunidades pobres. Lo adjudicó al modelo de subasta para distribuir las frecuencias.
Relator de ONU advierte no deben penalizar a la prensa
El Relator de la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el guatemalteco Frank La Rue, defendió ayer la despenalización de periodistas vigente en El Salvador.
El artículo 191 del Código Penal, que excluye todos los delitos relacionados con el ejercicio del periodismo, es estudiado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Rue pidió a la Corte resolver positivamente. El ciudadano Roberto Bukele ha pedido la inconstitucionalidad de este artículo.
El argumento del relator de la ONU es que una “sanción debe ir acorde al bien que se protege”, en referencia a los delitos de difamación que transgreden un derecho menor al derecho a la vida o la integridad física. Este último derecho quedaría transgredido si se arresta a un periodista.
Pero La Rue tampoco cree que se trate de tener irrestricta libertad. “No estamos hablando de un libertinaje total”, aseguró. Añadió que siempre es posible demandar una transgresión de un periodista al derecho al honor, en el ámbito civil. La Rue dice que los funcionarios deben asumir la crítica pública desde que asumen los cargos públicos. “Quien se opone a la transparencia es porque algo quiere esconder”, aseguró.
Ana María de Lara, de la Asociación de Radiodifusores (Asder), se mostró preocupada por el estudio del artículo 191. “El artículo 191 nos da una garantía para el ejercicio del periodismo”, dijo.
Sigue en estudio
El magistrado Néstor Castaneda, de la Sala de lo Constitucional, aseguró ayer que aún no se ha resuelto si el artículo 191 del Código Penal es constitucional o no.
La Sala de lo Constitucional estudia postulados del derecho internacional para fundamentar la resolución.
En el estudio, los magistrados valoran tanto el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor.
El artículo 191 impide que un periodista sea procesado penalmente si comete un delito contra el honor. Solo puede ser demandado civilmente. “No son punibles los juicios desfavorables de la crítica (...) ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo”, reza la disposición en estudio.
La Rue dice acceso a radios es difícil en El Salvador
El Relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, declaró ayer que en El Salvador hay un difícil acceso al espacio radioeléctrico para las comunidades pobres. Lo adjudicó al modelo de subasta para distribuir las frecuencias.
“Es difícil el acceso si hay una subasta”, argumentó, en una consulta sobre los “14 principios para un marco regulatorio de radio y televisión comunitaria”, insumo para cumplir la “Declaración sobre diversidad en la radiodifusión” de la ONU.
El principio 1 exige “el acceso a los medios de radiodifusión” y la “diversidad de formas jurídicas de propiedad”, “para prevenir la concentración de medios”.
Ana María de Lara, de la Asociación de Radiodifusores (Asder), aclaró que ellos no se oponen a la existencia de radios comunitarias, incluso cuando hay frecuencias segmentadas en 23 radios. “Todo lo contrario, entre más pluralidad mejor”, dijo.
Guillermo Ramos, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador(Arpas), dijo: “Habrá que ver qué tan diverso y plural es, hay 125 frecuencias en Asder y una frecuencia comunitaria, y que se fracciona en 21 radios. Hay que preguntarse, ¿es esto equidad?”.
El jefe de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, aclaró que “no se trata de confiscar emisoras”, pero sí de empezar a discutir el tema. Añadió que el presidente Mauricio Funes no modificará el espectro.
Intereses privados bloquean democratización del dial
Damaris Aguilar
La lucha de los medios de comunicación participativos por abrirse espacios igualitarios en el dial se ve obstaculizada por la negativa del sector radial comercial y la tergiversación de la prensa conservadora que ha pintado la iniciativa como control y regulación de los medios.
La digitalización del espectro radioeléctrico posibilitaría mayor cantidad de espacios para que existan más medios alternativos. Este es el propósito que persigue la propuesta del Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD), que plantea la creación de una ley para radio y televisión, pero la iniciativa ha sido bloqueada por intereses privados.
Según el MCD (conformado por medios de comunicación alternativos y diversas organizaciones) el espectro radioeléctrico debe ser dividido entre los tres sectores: el público-estatal, el comercial y el sector sin fines de lucro –participativo—, asignándoles a cada uno un 33%.
Actualmente, el espacio radial es acaparado por 125 emisoras comerciales afiliadas a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), que ocupa el 95%. Mientras, la Asociación de Radios y Programas Participativos (Arpas), cuenta con una sola frecuencia radial a nivel nacional (92.1 AM) que se comparte entre 21 emisoras aglutinadas en el mismo dial.
Otras radios comunitarias existentes son Radio Maya Visión y YSUCA, ambas tienen su propia frecuencia. Mientras tanto el Estado tiene dos frecuencias, Radio Nacional (96.9) y Radio Cadena Cuscatlán (98.5).
La digitalización permitiría ampliar el dial, y por consiguiente, de una frecuencia radial se pueden obtener cuatro de mejor calidad que supera al actual sistema analógico; sin generar intervención de la señal.
Una idea con acento argentino
La repartición del 33% a cada uno de los tres sectores ha sido retomada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, recientemente aprobada en esa nación, pero el MCD también retoma ejemplos de legislaciones de países como Uruguay y Colombia.
La ley argentina, y las legislaciones uruguayas y colombianas, han sido bien evaluadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y las relatorías de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Organización de Estados Americanos (OEA), por el respeto que implican a la libertad de expresión y a los derechos humanos en general.
La nueva ley que rige a los medios argentinos tiene como propósito la “desconcentración” de medios, prohíbe los oligopolios; es decir, sectoriza y legisla para tres partes. La legislación además, abre las puertas a los medios sin fines de lucro y elimina la subasta para éstos.
“La ley de argentina es la que mejor respeta todos los estándares nacionales en materia de Derechos Humanos” dijo el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo El Salvador (Amarc-es), José Pérez.
En El Salvador, la normativa argentina no es bien vista por el sector radial comercial ni por la prensa conservadora, que ve en ella una regulación de los medios, y la palabra regulación en El Salvador ha sido una “mala palabra” para sectores empresariales acostumbrados al neoliberalismo que impuso por 20 años la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
“La ley de argentina es cien por ciento un atentado a la libertad de expresión porque realmente limita (el trabajo de los medios)”, dijo a ContraPunto la directora ejecutiva de Asder, Ana María Urrutia.
Sin embargo, el MCD aclaró que no pretende “calcar” una ley que no se base en la realidad salvadoreña.
“Es solo un referente, El Salvador necesita de su propia ley creada para salvadoreñas y salvadoreños”, dijo el presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), Guillermo Ramos.
En cuanto a la digitalización del espectro radioeléctrico, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez, considera que es una inversión onerosa y que ningún medio está en la capacidad de hacerla.
“Tenemos entendido que para la parte digital es una enorme inversión que hay que hacer y hasta ahora nadie ha dicho cómo se realizaría”, señaló. Cuestionado sobre cuáles serían esos montos de inversión a los que él se refiere, Domínguez dijo desconocerlos.
Interés empresarial de por medio
Pero aquellos que conocen mejor los detalles técnicos, piensan que la idea es viable.
El ex titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos, recientemente destituido por el presidente Mauricio Funes, afirmó que la digitalización es un proyecto viable para el país porque es una inversión recuperable.
“La digitalización siempre se pudo hacer desde hace ratos en la radio, pero no se ha hecho porque Asder pretende que los comensales no aumenten”, dijo Campos a ContraPunto, refiriéndose a que esa gremial no quiere que haya mayor participación en el dial.
Y él sabe de lo que habla. Aunque por breve tiempo, Campos, al frente de la Siget, pudo conocer de primera mano los intereses económicos que estaban detrás del rechazo a la idea de ampliar el espectro radioeléctrico con la digitalización.
Pero Asder rechaza la acusación.
“La Asder y la AIR –Asociación Internacional de Radiodifusión— lo único que está pidiendo es que el cambio sea capaz de soportar la situación económica de los radioescuchas”, dijo Urrutia, en referencia al costo que implicaría a la población, con la digitalización del dial, el proveerse de los nuevos receptores digitales.
“Nosotros no nos oponemos por ningún aspecto comercial”, remató.
Una vez se pase del actual sistema de transmisión análoga al digital, el público tendrá que hacer un cambio de aparatos receptores (de radio y televisión) lo que significa que si no se tiene un receptor que lea la señal digital, no se podrá escuchar radio, ni ver televisión. Eso sí, en efecto, implica un costo para la audiencia.
La jefa del Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Amparo Marroquín, considera que todos los cambios implican gastos. La digitalización es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero que puede llevarse a cabo de manera paulatina. Pero el Estado debería facilitar un marco jurídico financiero y técnico.
No obstante, Campos explicó que mientras el traslado se dé gradualmente, deben existir las dos opciones (analógica y digital). El Estado debería subvencionar una parte del costo de los aparatos receptores, dijo.
Una ley añeja
La actual Ley de Telecomunicaciones fue decretada en 1997, durante la gestión del presidente Armando Calderón Sol, y no contempla las nuevas tecnologías; únicamente menciona a la telefonía fija.
Campos dijo que la Ley de Telecomunicaciones vigente ni siquiera toma en cuenta la telefonía móvil ni la Internet; mucho menos menciona la digitalización que hace 13 años eran algo distante, pero hoy son una realidad y es necesario corregir eso.
También aclaró que la necesidad de crear una nueva ley de telecomunicaciones no es solo por el hecho de que la actual no hace mención de las nuevas tecnologías, sino también porque existen demasiadas aberraciones en ella.
Por su parte, la académica de la UCA también considera que la actual Ley de Telecomunicaciones posee distintos problemas que expertos legales y estudiosos del tema ya han señalado.
Uno de estos problemas es que las frecuencias se asignen por subasta, ya que ésta deja pocas posibilidades de asegurar la diversidad de voces en el espectro radiofónico.
“Los empresarios de la comunicación tienen todo el derecho a un número de frecuencias, pero sería bueno que la ley contemple también las necesidades de otros grupos que no pueden acceder a los precios que se asignan en una subasta”, explicó Marroquín.
El MCD también considera que la subasta, método utilizado para acceder a una frecuencia de radio y televisión, debe desaparecer para las radios comunitarias o sin fines de lucro, pues su lógica no es la comercial sino informar y educar a la comunidad de una forma participativa. Son vocaciones totalmente distintas.
La idea del movimiento para que las radios participativas ganen una frecuencia, es que ésta ya no dependa de una subasta, sino de una propuesta en contenido, de modo que aquellas propuestas más innovadoras tendrían la posibilidad de ganarse la concesión. No obstante, consideran que la subasta debe mantenerse para el sector comercial cuyo fin es el lucro.
El comunismo hasta en la sopa
El MCD aclara que su propuesta de ley no implica la regulación, el control o la expropiación de los medios, tal como se ha dejado entrever en algunos medios de comunicación conservadores.
Por el contrario, el movimiento dice estar a favor de la democratización de la comunicación y demandan al gobierno la creación de políticas públicas para el sector.
“Estamos demandando de este nuevo gobierno políticas públicas, precisamente sobre algo tan estratégico y tan importante como son las comunicaciones”, dijo Pérez.
Para llevar a cabo la propuesta, el movimiento solicita se convoque a una mesa de consulta nacional en donde los tres sectores de la comunicación (estatal, comercial y sin fines de lucro) participen de manera conjunta en la elaboración de la ley para radio y televisión.
Sin embargo, desde noviembre 2009, algunos medios impresos como El Diario de Hoy (EDH), han planteado que la iniciativa del movimiento busca controlar y regular los medios de comunicación al estilo del mandatario venezolano Hugo Chávez y su Socialismo del Siglo XXI.
Señalamientos que el presidente de Arpas, Guillermo Ramos, aseguró no son el objeto de la ley para radio y televisión que el MCD propone crear.
“Nosotros nunca hemos hablado de regulación, ni de control de los medios de comunicación en ningún momento”, enfatizó.
La iniciativa tampoco ha tenido eco en el gremio radial, Asder, que ya ha expuesto su negativa ante la propuesta.
“Las organizaciones de corte de izquierda buscan la monopolización de los medios de comunicación”, dijo Urrutia, de Asder.
Asder sostiene que Arpas posee más del 30% del dial. Aseveración que Guillermo Ramos, presidente de Arpas deslegitima.
“Eso es totalmente falso, imagino ha de ser un error o alguna equivocación, porque no creo que sea ignorancia, a no ser que hubiese malicia. Es una sola frecuencia la de Arpas, 92.1”, aclaró.
Debido a la manipulación que la prensa local ha hecho del tema, el mismo presidente Funes ha dicho que no apoyará una propuesta que regule a los medios; propuesta que existe, pero con una finalidad diferente: la democratización de las comunicaciones, entendida como la participación igualitaria de los tres sectores que manejan la comunicación radial y televisiva. Todo eso a través de la digitalización del espectro radiofónico. Con más espacios en el dial, no habrá necesidad de expropiar a los que ya tienen frecuencias.
El MCD sostuvo una reunión, en noviembre pasado, con quien hasta antes de su despido, la semana pasada, era la cabeza en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos. En el encuentro el movimiento expuso de manera puntual sus planteamientos en torno a digitalizar el espectro radial.
“Con el Superintendente anterior iniciamos un proceso de discusión, no hemos tenido
una profunda negociación como se ha querido presentar en los medios”, explicó Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, (Fespad).
El MCD espera que se respete el principio de continuidad, es decir, que no importa con qué funcionario se establezca un acuerdo porque es la institucionalidad la que debe privar. Voceros del movimiento habían dicho que ayer jueves 14 sostendrían una reunión con el nuevo Superintendente de la Siget, Luis Méndez, pero se desconocen los resultados del encuentro, o si en efecto se llevó a cabo.
Funes: sí pero no
La propuesta que el MCD presenta en esta ocasión asegura es la misma que entregaron un 6 de junio de 2008, en el auditorio de derecho, Herbert Anaya Sanabria de la Universidad de El Salvador, al que en ese entonces era candidato a la presidencia por el FMLN y hoy es Presidente de la República, Mauricio Funes.
El FMLN había convocado a cinco gremiales de comunicadores para que trabajaran como Mesa de Comunicación del Diálogo Social Abierto, en la creación de una propuesta en materia de comunicaciones.
Las gremiales convocadas fueron el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), Arpas, Amarc, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y Asder, pero esta última a pesar de ser convocada no formó parte en la consulta que se hizo a más de 150 comunicadores.
A esa Mesa de Comunicación que hoy se denomina MCD se sumaron la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos), el Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la UCA y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
También participaron el Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (Corams), Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (Cidep), Diario El Independiente, Radio Guazapa, Diario CoLatino, Radio Cadena Mi Gente, Radio Sensunat y Radio Milenio.
La Mesa de Comunicaciones trabajó en cinco temáticas: derecho a la información y acceso a la información pública, acceso democrático a los medios de comunicación, defensa de la libertad de prensa y ejercicio profesional del periodismo, entre otros temas.
En esa ocasión Mauricio Funes recibió la propuesta (que hoy reitera el MCD) para que formara parte de la plataforma política del FMLN, y según Ramos, el hoy Presidente acogió con buenos ojos las propuestas que se le estaban haciendo.
“Hay que fomentar la existencia de más radios, televisoras y periódicos que respondan a la comunidad”, puntualizó en aquella ocasión el ahora Presidente.
Además, ofreció despartidizar a los medios de comunicación en manos del gobierno para posteriormente convertirlos en radios y televisoras públicas de servicio a la sociedad.
Ahora Funes retrocede y ha dicho que “desconoce” el contenido de la propuesta de ley que el MCD plantea, puesto que no ha recibido ninguna solicitud. Y aclaró que lo único que conoce de este movimiento es lo publicado por los medios de comunicación.
“Yo no he recibido ninguna solicitud de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, ni creación de una nueva ley. Por lo tanto, las opiniones que yo puedo externar es en función de lo que ha aparecido en los medios”, aclaró.
El MCD explicó en entrevista televisiva que ellos no tienen un anteproyecto de ley, sino una serie de planteamientos sobre el tema que pudieran ir conformando poco a poco una propuesta formal.
Según el MCD (conformado por medios de comunicación alternativos y diversas organizaciones) el espectro radioeléctrico debe ser dividido entre los tres sectores: el público-estatal, el comercial y el sector sin fines de lucro –participativo—, asignándoles a cada uno un 33%.
Actualmente, el espacio radial es acaparado por 125 emisoras comerciales afiliadas a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder), que ocupa el 95%. Mientras, la Asociación de Radios y Programas Participativos (Arpas), cuenta con una sola frecuencia radial a nivel nacional (92.1 AM) que se comparte entre 21 emisoras aglutinadas en el mismo dial.
Otras radios comunitarias existentes son Radio Maya Visión y YSUCA, ambas tienen su propia frecuencia. Mientras tanto el Estado tiene dos frecuencias, Radio Nacional (96.9) y Radio Cadena Cuscatlán (98.5).
La digitalización permitiría ampliar el dial, y por consiguiente, de una frecuencia radial se pueden obtener cuatro de mejor calidad que supera al actual sistema analógico; sin generar intervención de la señal.
Una idea con acento argentino
La repartición del 33% a cada uno de los tres sectores ha sido retomada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, recientemente aprobada en esa nación, pero el MCD también retoma ejemplos de legislaciones de países como Uruguay y Colombia.
La ley argentina, y las legislaciones uruguayas y colombianas, han sido bien evaluadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y las relatorías de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Organización de Estados Americanos (OEA), por el respeto que implican a la libertad de expresión y a los derechos humanos en general.
La nueva ley que rige a los medios argentinos tiene como propósito la “desconcentración” de medios, prohíbe los oligopolios; es decir, sectoriza y legisla para tres partes. La legislación además, abre las puertas a los medios sin fines de lucro y elimina la subasta para éstos.
“La ley de argentina es la que mejor respeta todos los estándares nacionales en materia de Derechos Humanos” dijo el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo El Salvador (Amarc-es), José Pérez.
En El Salvador, la normativa argentina no es bien vista por el sector radial comercial ni por la prensa conservadora, que ve en ella una regulación de los medios, y la palabra regulación en El Salvador ha sido una “mala palabra” para sectores empresariales acostumbrados al neoliberalismo que impuso por 20 años la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
“La ley de argentina es cien por ciento un atentado a la libertad de expresión porque realmente limita (el trabajo de los medios)”, dijo a ContraPunto la directora ejecutiva de Asder, Ana María Urrutia.
Sin embargo, el MCD aclaró que no pretende “calcar” una ley que no se base en la realidad salvadoreña.
“Es solo un referente, El Salvador necesita de su propia ley creada para salvadoreñas y salvadoreños”, dijo el presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), Guillermo Ramos.
En cuanto a la digitalización del espectro radioeléctrico, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Rafael Domínguez, considera que es una inversión onerosa y que ningún medio está en la capacidad de hacerla.
“Tenemos entendido que para la parte digital es una enorme inversión que hay que hacer y hasta ahora nadie ha dicho cómo se realizaría”, señaló. Cuestionado sobre cuáles serían esos montos de inversión a los que él se refiere, Domínguez dijo desconocerlos.
Interés empresarial de por medio
Pero aquellos que conocen mejor los detalles técnicos, piensan que la idea es viable.
El ex titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos, recientemente destituido por el presidente Mauricio Funes, afirmó que la digitalización es un proyecto viable para el país porque es una inversión recuperable.
“La digitalización siempre se pudo hacer desde hace ratos en la radio, pero no se ha hecho porque Asder pretende que los comensales no aumenten”, dijo Campos a ContraPunto, refiriéndose a que esa gremial no quiere que haya mayor participación en el dial.
Y él sabe de lo que habla. Aunque por breve tiempo, Campos, al frente de la Siget, pudo conocer de primera mano los intereses económicos que estaban detrás del rechazo a la idea de ampliar el espectro radioeléctrico con la digitalización.
Pero Asder rechaza la acusación.
“La Asder y la AIR –Asociación Internacional de Radiodifusión— lo único que está pidiendo es que el cambio sea capaz de soportar la situación económica de los radioescuchas”, dijo Urrutia, en referencia al costo que implicaría a la población, con la digitalización del dial, el proveerse de los nuevos receptores digitales.
“Nosotros no nos oponemos por ningún aspecto comercial”, remató.
Una vez se pase del actual sistema de transmisión análoga al digital, el público tendrá que hacer un cambio de aparatos receptores (de radio y televisión) lo que significa que si no se tiene un receptor que lea la señal digital, no se podrá escuchar radio, ni ver televisión. Eso sí, en efecto, implica un costo para la audiencia.
La jefa del Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Amparo Marroquín, considera que todos los cambios implican gastos. La digitalización es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero que puede llevarse a cabo de manera paulatina. Pero el Estado debería facilitar un marco jurídico financiero y técnico.
No obstante, Campos explicó que mientras el traslado se dé gradualmente, deben existir las dos opciones (analógica y digital). El Estado debería subvencionar una parte del costo de los aparatos receptores, dijo.
Una ley añeja
La actual Ley de Telecomunicaciones fue decretada en 1997, durante la gestión del presidente Armando Calderón Sol, y no contempla las nuevas tecnologías; únicamente menciona a la telefonía fija.
Campos dijo que la Ley de Telecomunicaciones vigente ni siquiera toma en cuenta la telefonía móvil ni la Internet; mucho menos menciona la digitalización que hace 13 años eran algo distante, pero hoy son una realidad y es necesario corregir eso.
También aclaró que la necesidad de crear una nueva ley de telecomunicaciones no es solo por el hecho de que la actual no hace mención de las nuevas tecnologías, sino también porque existen demasiadas aberraciones en ella.
Por su parte, la académica de la UCA también considera que la actual Ley de Telecomunicaciones posee distintos problemas que expertos legales y estudiosos del tema ya han señalado.
Uno de estos problemas es que las frecuencias se asignen por subasta, ya que ésta deja pocas posibilidades de asegurar la diversidad de voces en el espectro radiofónico.
“Los empresarios de la comunicación tienen todo el derecho a un número de frecuencias, pero sería bueno que la ley contemple también las necesidades de otros grupos que no pueden acceder a los precios que se asignan en una subasta”, explicó Marroquín.
El MCD también considera que la subasta, método utilizado para acceder a una frecuencia de radio y televisión, debe desaparecer para las radios comunitarias o sin fines de lucro, pues su lógica no es la comercial sino informar y educar a la comunidad de una forma participativa. Son vocaciones totalmente distintas.
La idea del movimiento para que las radios participativas ganen una frecuencia, es que ésta ya no dependa de una subasta, sino de una propuesta en contenido, de modo que aquellas propuestas más innovadoras tendrían la posibilidad de ganarse la concesión. No obstante, consideran que la subasta debe mantenerse para el sector comercial cuyo fin es el lucro.
El comunismo hasta en la sopa
El MCD aclara que su propuesta de ley no implica la regulación, el control o la expropiación de los medios, tal como se ha dejado entrever en algunos medios de comunicación conservadores.
Por el contrario, el movimiento dice estar a favor de la democratización de la comunicación y demandan al gobierno la creación de políticas públicas para el sector.
“Estamos demandando de este nuevo gobierno políticas públicas, precisamente sobre algo tan estratégico y tan importante como son las comunicaciones”, dijo Pérez.
Para llevar a cabo la propuesta, el movimiento solicita se convoque a una mesa de consulta nacional en donde los tres sectores de la comunicación (estatal, comercial y sin fines de lucro) participen de manera conjunta en la elaboración de la ley para radio y televisión.
Sin embargo, desde noviembre 2009, algunos medios impresos como El Diario de Hoy (EDH), han planteado que la iniciativa del movimiento busca controlar y regular los medios de comunicación al estilo del mandatario venezolano Hugo Chávez y su Socialismo del Siglo XXI.
Señalamientos que el presidente de Arpas, Guillermo Ramos, aseguró no son el objeto de la ley para radio y televisión que el MCD propone crear.
“Nosotros nunca hemos hablado de regulación, ni de control de los medios de comunicación en ningún momento”, enfatizó.
La iniciativa tampoco ha tenido eco en el gremio radial, Asder, que ya ha expuesto su negativa ante la propuesta.
“Las organizaciones de corte de izquierda buscan la monopolización de los medios de comunicación”, dijo Urrutia, de Asder.
Asder sostiene que Arpas posee más del 30% del dial. Aseveración que Guillermo Ramos, presidente de Arpas deslegitima.
“Eso es totalmente falso, imagino ha de ser un error o alguna equivocación, porque no creo que sea ignorancia, a no ser que hubiese malicia. Es una sola frecuencia la de Arpas, 92.1”, aclaró.
Debido a la manipulación que la prensa local ha hecho del tema, el mismo presidente Funes ha dicho que no apoyará una propuesta que regule a los medios; propuesta que existe, pero con una finalidad diferente: la democratización de las comunicaciones, entendida como la participación igualitaria de los tres sectores que manejan la comunicación radial y televisiva. Todo eso a través de la digitalización del espectro radiofónico. Con más espacios en el dial, no habrá necesidad de expropiar a los que ya tienen frecuencias.
El MCD sostuvo una reunión, en noviembre pasado, con quien hasta antes de su despido, la semana pasada, era la cabeza en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos. En el encuentro el movimiento expuso de manera puntual sus planteamientos en torno a digitalizar el espectro radial.
“Con el Superintendente anterior iniciamos un proceso de discusión, no hemos tenido
una profunda negociación como se ha querido presentar en los medios”, explicó Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, (Fespad).
El MCD espera que se respete el principio de continuidad, es decir, que no importa con qué funcionario se establezca un acuerdo porque es la institucionalidad la que debe privar. Voceros del movimiento habían dicho que ayer jueves 14 sostendrían una reunión con el nuevo Superintendente de la Siget, Luis Méndez, pero se desconocen los resultados del encuentro, o si en efecto se llevó a cabo.
Funes: sí pero no
La propuesta que el MCD presenta en esta ocasión asegura es la misma que entregaron un 6 de junio de 2008, en el auditorio de derecho, Herbert Anaya Sanabria de la Universidad de El Salvador, al que en ese entonces era candidato a la presidencia por el FMLN y hoy es Presidente de la República, Mauricio Funes.
El FMLN había convocado a cinco gremiales de comunicadores para que trabajaran como Mesa de Comunicación del Diálogo Social Abierto, en la creación de una propuesta en materia de comunicaciones.
Las gremiales convocadas fueron el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), Arpas, Amarc, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y Asder, pero esta última a pesar de ser convocada no formó parte en la consulta que se hizo a más de 150 comunicadores.
A esa Mesa de Comunicación que hoy se denomina MCD se sumaron la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos), el Departamento de Letras, Comunicación y Periodismo de la UCA y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
También participaron el Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (Corams), Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (Cidep), Diario El Independiente, Radio Guazapa, Diario CoLatino, Radio Cadena Mi Gente, Radio Sensunat y Radio Milenio.
La Mesa de Comunicaciones trabajó en cinco temáticas: derecho a la información y acceso a la información pública, acceso democrático a los medios de comunicación, defensa de la libertad de prensa y ejercicio profesional del periodismo, entre otros temas.
En esa ocasión Mauricio Funes recibió la propuesta (que hoy reitera el MCD) para que formara parte de la plataforma política del FMLN, y según Ramos, el hoy Presidente acogió con buenos ojos las propuestas que se le estaban haciendo.
“Hay que fomentar la existencia de más radios, televisoras y periódicos que respondan a la comunidad”, puntualizó en aquella ocasión el ahora Presidente.
Además, ofreció despartidizar a los medios de comunicación en manos del gobierno para posteriormente convertirlos en radios y televisoras públicas de servicio a la sociedad.
Ahora Funes retrocede y ha dicho que “desconoce” el contenido de la propuesta de ley que el MCD plantea, puesto que no ha recibido ninguna solicitud. Y aclaró que lo único que conoce de este movimiento es lo publicado por los medios de comunicación.
“Yo no he recibido ninguna solicitud de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, ni creación de una nueva ley. Por lo tanto, las opiniones que yo puedo externar es en función de lo que ha aparecido en los medios”, aclaró.
El MCD explicó en entrevista televisiva que ellos no tienen un anteproyecto de ley, sino una serie de planteamientos sobre el tema que pudieran ir conformando poco a poco una propuesta formal.
Organizaciones sociales piden al gobierno políticas públicas comunicacionales
Diario Co Latino - Iván Escobar
La necesidad de impulsar políticas públicas en materia comunicacional, la aprobación de una Ley de Radio y Televisión, Ley de Transparencia, son los signos que esperan del nuevo gobierno para este año, el Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD).
El MCD, constituido por diversas organizaciones y medios de comunicación alternativos, ha impulsado una constante lucha por “la democratización de los medios” en el país.
Representantes del movimiento plantearon nueve puntos prioritarios para que el gobierno impulse políticas encaminadas a democratizar los medios de comunicación, en el país.
Entre estos destaca la necesidad de convocar a una Mesa Nacional por la Democratización de las comunicaciones “para desarrollar una consulta sobre el proceso de digitalización de las frecuencias y sobre el diseño de una propuesta de Ley de Radio y Televisión” en el cual tomen en cuanta los tres sectores tradicionales: medios públicos Estatales, comerciales, y comunitarios o sin fines de lucro.
Oscar Pérez, de AMARC- El Salvador, destacó que los medios sin fines de lucro “tradicionalmente han sido marginados y se ha privilegiado al sector comercial”. De ahí la necesidad de que el país cuente con una nueva Ley de Radio y TV, y no limitarse a la Ley de Telecomunicaciones “que aborda el tema de la digitalización de las frecuencias”.
“Demandamos del nuevo gobierno políticas públicas, una nueva Ley que regule, y que se vea ya el tema de la digitalización, por eso la consulta nacional es importante”, precisó Pérez.
Mientras que Guillermo Ramos, de ARPAS, insistió en que la participación ciudadana debe ser una prioridad en esta nueva administración de gobierno. “Hay que defender las libertades, el derecho a la comunicación y libertad de expresión lo tenemos todos y todas”, consideró.
Por su parte, Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, dijo que es importante porque el nuevo gobierno ha mostrado señales de fomentar el diálogo en estos temas, así que espera que a este esfuerzo se sumen gremiales como ASDER, en la cual están representados los dueños de medios y que actualmente dominan en el espectro radiofónico.
Con respecto a la destitución del superintendente, en diciembre pasado, Sánchez afirmó que esperan que se continúen con lo conversado “porque debe haber continuidad institucional”, dijo, al tiempo que aclaró que con el ex funcionario nunca se tuvo un compromiso sobre un determinado tema “sólo fue una conversación amena”.
El movimiento propone al gobierno generar un ambiente idóneo para fomentar el derecho humano de la comunicación y no se continúe marginando a los medios alternativos.
El MCD esta constituido por la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICÁNDONOS), el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), Departamento de Letras, comunicaciones y periodismo de la UCA; FESPAD; Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (CO- RAMS); ASPAS; Asociación Mundial de Radios Comunitarios, capítulo El Salvador (AMARC-ES), CIDEP; y medios como El Independiente, Diario Co Latino, Radios Guazapa, Cadena Mi Gente, Sensunat y Milenio.
Representantes del movimiento plantearon nueve puntos prioritarios para que el gobierno impulse políticas encaminadas a democratizar los medios de comunicación, en el país.
Entre estos destaca la necesidad de convocar a una Mesa Nacional por la Democratización de las comunicaciones “para desarrollar una consulta sobre el proceso de digitalización de las frecuencias y sobre el diseño de una propuesta de Ley de Radio y Televisión” en el cual tomen en cuanta los tres sectores tradicionales: medios públicos Estatales, comerciales, y comunitarios o sin fines de lucro.
Oscar Pérez, de AMARC- El Salvador, destacó que los medios sin fines de lucro “tradicionalmente han sido marginados y se ha privilegiado al sector comercial”. De ahí la necesidad de que el país cuente con una nueva Ley de Radio y TV, y no limitarse a la Ley de Telecomunicaciones “que aborda el tema de la digitalización de las frecuencias”.
“Demandamos del nuevo gobierno políticas públicas, una nueva Ley que regule, y que se vea ya el tema de la digitalización, por eso la consulta nacional es importante”, precisó Pérez.
Mientras que Guillermo Ramos, de ARPAS, insistió en que la participación ciudadana debe ser una prioridad en esta nueva administración de gobierno. “Hay que defender las libertades, el derecho a la comunicación y libertad de expresión lo tenemos todos y todas”, consideró.
Por su parte, Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, dijo que es importante porque el nuevo gobierno ha mostrado señales de fomentar el diálogo en estos temas, así que espera que a este esfuerzo se sumen gremiales como ASDER, en la cual están representados los dueños de medios y que actualmente dominan en el espectro radiofónico.
Con respecto a la destitución del superintendente, en diciembre pasado, Sánchez afirmó que esperan que se continúen con lo conversado “porque debe haber continuidad institucional”, dijo, al tiempo que aclaró que con el ex funcionario nunca se tuvo un compromiso sobre un determinado tema “sólo fue una conversación amena”.
El movimiento propone al gobierno generar un ambiente idóneo para fomentar el derecho humano de la comunicación y no se continúe marginando a los medios alternativos.
El MCD esta constituido por la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICÁNDONOS), el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), Departamento de Letras, comunicaciones y periodismo de la UCA; FESPAD; Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (CO- RAMS); ASPAS; Asociación Mundial de Radios Comunitarios, capítulo El Salvador (AMARC-ES), CIDEP; y medios como El Independiente, Diario Co Latino, Radios Guazapa, Cadena Mi Gente, Sensunat y Milenio.
Resurgen amenazas contra periodistas de Radio Victoria
Diario Co Latino
Las amenazas de muerte contra personal y periodistas de Radio Victoria resurgieron. Luego del asesinato de dos ambientalistas en el departamento de Cabañas, una carta llegó a las instalaciones del medio de comunicación amenazándolos.
El documento que circula ya en varios correos electrónicos reza así: “Bueno, ya mandamos al hoyo a dos, la pregunta es quién va ser el tercero, será acaso el Padre Quintanilla o alguno de los de la radio, no es mala idea seguir mejor con alguno de los bocones de la Radio Victoria, nosotros no estamos jugando ya demostramos que tenemos capacidad logística y buen financiamiento para echarnos a quien sea, no importa que anden un batallón de policías cuidándolos detrás como perros, «cuetiamos» cuando lo queremos, las muertes van a seguir y nadie detiene la venganza iniciada, preferimos que el tercero de los muertos sea un locutor, o un corresponsal, o cualquiera otro de esa pinche radio, el blanco más seguro es un locutor, cuidasen que no estamos jugando esta es la nueva ola de advertencias que estamos iniciando luego de quebrarnos a Ramiro”.
Las amenazas de muerte iniciaron, en un primer momento, días después que los y las periodistas de Radio Victoria dieron cobertura a la desaparición y muerte de Marcelo, quien era un reconocido líder en la lucha contra la minería y jugó un papel protagónico en la denuncia del fraude electoral que generó la suspensión de la elección municipal en San Isidro, Cabañas, el pasado enero.
Los atentados contra radio Victoria han sido fuertes, tanto así que también se mantuvo fuera de transmisión porque fue destruida la instalación eléctrica de la antena transmisora. Esta acción no se descarta que esté vinculada con las amenazas recibidas.
Las amenazas contra radio Victoria también captaron la atención de Amnistía Internacional (AI), organización mundial que trabaja para que se respeten los derechos humanos.
En su momento, AI le exigió a las autoridades salvadoreñas una investigación independiente del caso.
El Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS) condena las amenazas y exige a las autoridades investigar estos hechos, que de nuevo se repiten y atentan contra la vida y la Libertad de Expresión de este medio de comunicación alternativo.
El Sindicato llama a los demás gremios y organizaciones nacionales y extranjeras a sumarse a esta denuncia y, a la vez, lamenta todos los asesinatos ocurridos a causa de los proyectos mineros en el país.
También, el grupo de Comunicadores Contra el Cambio Climático/El Salvador (C4/El Salvador) exhortó a todas las organizaciones representantes de cualquier actividad civil, a que denuncien y se pronuncien contra estos crímenes, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Las amenazas de muerte iniciaron, en un primer momento, días después que los y las periodistas de Radio Victoria dieron cobertura a la desaparición y muerte de Marcelo, quien era un reconocido líder en la lucha contra la minería y jugó un papel protagónico en la denuncia del fraude electoral que generó la suspensión de la elección municipal en San Isidro, Cabañas, el pasado enero.
Los atentados contra radio Victoria han sido fuertes, tanto así que también se mantuvo fuera de transmisión porque fue destruida la instalación eléctrica de la antena transmisora. Esta acción no se descarta que esté vinculada con las amenazas recibidas.
Las amenazas contra radio Victoria también captaron la atención de Amnistía Internacional (AI), organización mundial que trabaja para que se respeten los derechos humanos.
En su momento, AI le exigió a las autoridades salvadoreñas una investigación independiente del caso.
El Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS) condena las amenazas y exige a las autoridades investigar estos hechos, que de nuevo se repiten y atentan contra la vida y la Libertad de Expresión de este medio de comunicación alternativo.
El Sindicato llama a los demás gremios y organizaciones nacionales y extranjeras a sumarse a esta denuncia y, a la vez, lamenta todos los asesinatos ocurridos a causa de los proyectos mineros en el país.
También, el grupo de Comunicadores Contra el Cambio Climático/El Salvador (C4/El Salvador) exhortó a todas las organizaciones representantes de cualquier actividad civil, a que denuncien y se pronuncien contra estos crímenes, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Piden reformar Ley de Telecomunicaciones
Representantes de Movimientos para la Comunicación Democrática se reunieron con el titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Tomás Campos Villafuerte, con el fin de solicitarle que se reforme la Ley de Telecomunicaciones.
Óscar Pérez, miembro del movimiento, que abarca a 15 organizaciones, argumentó que la ley actual es “obsoleta” y que se debe de modernizar en aspectos tales como la forma en que se asigna y se concesiona el espectro radioeléctrico y la forma para poder acceder a una frecuencia de radio y televisión, que actualmente funciona en base a subastas.
“Se supone que todos somos iguales ante la ley, pero en el mecanismo de subasta gana quien tiene más ‘plata’. En ese sentido, no se puede subastar un bien que es nuestro”, argumentó Pérez. Con las reformas, agregó, se busca que haya mayor participación ciudadana en los medios de comunicación.
“Nuestro planteamiento es hacer un mejor uso de un espectro que es finito pero que está mal concesionado y administrado, y por ello se debe de administrar de cara a los nuevos tiempos”, sostuvo, y puso como ejemplo la ley de telecomunicaciones que se aplica en Argentina. La nueva normativa en ese país permite un máximo de 10 licencias de radio y televisión y obliga a los empresarios a deshacerse de las frecuencias que excedan el límite.
“La comunicación es un derecho y no tiene que estar sujeta a las leyes de mercado”, señaló por su parte Guillermo Ramos, presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).
El movimiento señaló que encontró buena receptividad en SIGET y que continuará en reuniones sobre el tema.
“Se supone que todos somos iguales ante la ley, pero en el mecanismo de subasta gana quien tiene más ‘plata’. En ese sentido, no se puede subastar un bien que es nuestro”, argumentó Pérez. Con las reformas, agregó, se busca que haya mayor participación ciudadana en los medios de comunicación.
“Nuestro planteamiento es hacer un mejor uso de un espectro que es finito pero que está mal concesionado y administrado, y por ello se debe de administrar de cara a los nuevos tiempos”, sostuvo, y puso como ejemplo la ley de telecomunicaciones que se aplica en Argentina. La nueva normativa en ese país permite un máximo de 10 licencias de radio y televisión y obliga a los empresarios a deshacerse de las frecuencias que excedan el límite.
“La comunicación es un derecho y no tiene que estar sujeta a las leyes de mercado”, señaló por su parte Guillermo Ramos, presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).
El movimiento señaló que encontró buena receptividad en SIGET y que continuará en reuniones sobre el tema.
Comunicadores y Sacerdote Defensor de Derechos Humanos reciben Amenazas
Article 19
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA, El Salvador), la Asociación de Periodistas de El Salvador APES y Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador ARPAS condenan las amenazas contra comunicadores y un defensor de derechos humanos en El Salvador.
Desde el 23 de julio Vladimir Abarca, Ludwin Franklin Iraheta y José Alexander Beltrán Castillo comunicadores de Radio Victoria en Ciudad Victoria, ubicada a noventa kilómetros al noroeste de San Salvador, capital de El Salvador, han recibido amenazas mediante llamadas y mensajes telefónicos. También el 30 y 31 de julio Isabel Gamez y Aide Rivas recibieron amenazas en la estación de radio.
Radio Victoria, es manejada en su mayoría por jóvenes, inició transmisiones hace 16 años y es fuente de información sobre problemáticas locales. En abril de este año su antena de transmisiones fue robada y tuvieron que salir del aire por dos días. Actualmente la propia comunidad es la que protege a la estación de radio por las noches ante otro posible robo.
Han sido amenazados a muerte por la cobertura de varios sucesos que han afectado a la comunidad. En abril de este año, a la radio le fue robada la antena trasmisora y tuvo que dejar de transmitir por 2 días.
A su vez, el sacerdote católico y defensor de derechos humanos Luis Quintanilla, fue víctima de un intento de secuestro por personas armadas el lunes 28 de julio del 2009. Antes fue amenazado vía mensajes telefónicos que decían: “Acabaremos con los malditos rojos disfrazados de cura” y “que guarde silencio si no quieren que le pase lo mismo que a Marcelo”, haciendo referencia al asesinato de Guillermo Marcelo Rivera.
No está claro el origen de las amenazas. Sin embargo, tanto las personas de la radio como el defensor de derechos humanos han denunciado acerca del recién asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, líder social que impulsaba el movimiento en contra de la explotación minera en la región, y sobre este asunto han hecho relación las amenazas. Rivera desapareció el 18 de junio y su cuerpo fue encontrado semanas después con visibles señales de tortura. Había denunciado las posibles consecuencias sociales y ambientales de la explotación minera en la comunidad y criticado a la empresa Pacific Rim que promovía dicha acción.
Ha habido conflictos en el Municipio de San Isidro por la exploración que ha realizado la compañía canadiense Pacific Rim, que espera iniciar la explotación de yacimientos de oro y plata. San Isidro es el municipio en donde se encuentra la mina, y a donde llega la señal de Radio Victoria.
ARTICLE 19 y organizaciones nacionales de El Salvador llaman al Estado de El Salvador como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a cumplir sus obligaciones de respetar y proteger el derecho “de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” En particular:
1. Al Estado de El Salvador a respetar las obligaciones que ha adquirido al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto referente al artículo 4 (el derecho a la vida), artículo 5 (el derecho a la integridad personal), artículo 13 /el derecho a la libre expresión) y el artículo 23 (el derecho a la participación política). Al igual que el Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establece: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión...”
2. ARTICLE 19 pide una investigación inmediata, imparcial y efectiva de los actos de agresión e intimidación que fueron llevados a cabo en el Municipio de San Isidro. Esto incluye secuestro, tortura y asesinato de Gonzalo Marcelo Rivera, el intento de secuestro de Luis Quintanilla, y las amenazas contra los comunicadores de Radio Victoria. Al igual que la difusión proactiva de la información relacionada al caso de la comunidad y los abogados de las víctimas es esencial.
3. En vista de las circunstancias de las violaciones a los derechos humanos, y en particular a la posible vinculación con la minería en la región. ARTICLE 19 y las organizaciones nacionales firmantes piden mayor transparencia en el trabajo de las compañías mineras para asegurar la rendición de cuentas en las áreas de protección ambiental y respeto a los derechos humanos.
• El derecho a la información se extiende ala información pública de parte de compañías privadas. La Comisión Interamericana ha establecido que la obligación para asegurar el derecho a la libertad de expresión aplica no sólo a las acciones realizadas por el Estado sino también de terceros”
• El derecho a la información se extiende ala información pública de parte de compañías privadas. La Comisión Interamericana ha establecido que la obligación para asegurar el derecho a la libertad de expresión aplica no sólo a las acciones realizadas por el Estado sino también de terceros”
• Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del y que El Salvador firmó, establece que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resar! cimiento de daños y los recursos pertinentes.”
4. ARTICLE 19, el IDHUCA, APES y ARPAS hacen un llamado a las autoridades salvadoreñas para que adopten las medidas necesarias para garantizar a todas las personas que integran y colaboran en Radio Victoria −en particular de Vladimir Abarca, Ludwin Franklin Iraheta, José Alexander Beltrán Castillo, Isabel Gamez y Aidé Rivas− y del sacerdote católico Luis Quintanilla.
Periodistas de radio comunitaria bajo amenazas
Radio Victoria
Luego de celebrarse las elecciones locales recientemente, los periodistas de Radio Victoria han visto incrementadas considerablemente las amenazas de muerte y el hostigamiento recibidos a causa de su labor informativa y educativa en promoción de los Derechos Humanos y el medioambiente.
Periodistas reciben amenazas de muerte
Los periodistas de la Radio Victoria son victimas de amenazas de muerte por su labor informativa y educativa en promoción de los Derechos Humanos y del medioambiente.
Las amenazas no son nuevas para los y las periodistas del medio de comunicación comunitario pero, a raíz de las elecciones locales recién pasadas, han aumentado considerablemente. En abril de este año el trabajo informativo de la Radio Victoria ha sido boicoteado con la desaparición de la antena trasmisora de la radio.
A partir del 23 de julio 2009 los cuatro reporteros comunitarios comenzaron a recibir mensajes escritos y telefónicos, en los cuales les amenazan que serán los “próximos”, “que se encuentran en la lista” y que “se cuiden porque demasiado hablaron en San Isidro”, haciendo una clara referencia a la vinculación existente entre estos hechos y la desaparición y asesinato del compañero Gustavo Marcelo Rivera.
Como parte de su labor periodística, la Radio Victoria informa a la población del Departamento de Cabañas y El Salvador en general, sobre la resistencia contra la explotación minera, que pretende realizar la empresa canadiense Pacific Rim, sobre el fraude electoral en San Isidro en las elecciones recién pasadas, y últimamente sobre la desaparición y muerte del ambientalista y activista social Gustavo Marcelo Rivera.
Las amenazas mencionan explícitamente el malestar por la labor informativa y de denuncia constante a todos los abusos y arbitrariedades cometidas en San Isidro y en Cabañas.
Estos nuevos hechos ponen en riesgo la vida de los jóvenes periodistas, uno de los cuales es menor de edad y representan una violación a los Derechos Humanos de los reporteros y de todas las personas que trabajan en defensa de los Derechos Humanos.
Además es una evidencia de la impunidad con la que estos grupos de poder mantienen atemorizada a la población del Departamento. La negligencia de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil-PNC, instituciones encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de la población, contribuye a perpetrar estas violaciones.
Por lo anterior, las comunidades y la población, en conjunto con diferentes organizaciones sociales, demandamos de las autoridades competentes y del nuevo gobierno una investigación exhaustiva de estos graves hechos, que atentan con la seguridad y la vida de estos ciudadanos, así como determinar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
A la comunidad internacional pedimos que se mantengan atentos a las persecuciones políticas que sufren los y las salvadoreñas, denuncien y presionen a las autoridades salvadoreñas por el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos en El Salvador.
Los periodistas de la Radio Victoria son victimas de amenazas de muerte por su labor informativa y educativa en promoción de los Derechos Humanos y del medioambiente.
Las amenazas no son nuevas para los y las periodistas del medio de comunicación comunitario pero, a raíz de las elecciones locales recién pasadas, han aumentado considerablemente. En abril de este año el trabajo informativo de la Radio Victoria ha sido boicoteado con la desaparición de la antena trasmisora de la radio.
A partir del 23 de julio 2009 los cuatro reporteros comunitarios comenzaron a recibir mensajes escritos y telefónicos, en los cuales les amenazan que serán los “próximos”, “que se encuentran en la lista” y que “se cuiden porque demasiado hablaron en San Isidro”, haciendo una clara referencia a la vinculación existente entre estos hechos y la desaparición y asesinato del compañero Gustavo Marcelo Rivera.
Como parte de su labor periodística, la Radio Victoria informa a la población del Departamento de Cabañas y El Salvador en general, sobre la resistencia contra la explotación minera, que pretende realizar la empresa canadiense Pacific Rim, sobre el fraude electoral en San Isidro en las elecciones recién pasadas, y últimamente sobre la desaparición y muerte del ambientalista y activista social Gustavo Marcelo Rivera.
Las amenazas mencionan explícitamente el malestar por la labor informativa y de denuncia constante a todos los abusos y arbitrariedades cometidas en San Isidro y en Cabañas.
Estos nuevos hechos ponen en riesgo la vida de los jóvenes periodistas, uno de los cuales es menor de edad y representan una violación a los Derechos Humanos de los reporteros y de todas las personas que trabajan en defensa de los Derechos Humanos.
Además es una evidencia de la impunidad con la que estos grupos de poder mantienen atemorizada a la población del Departamento. La negligencia de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil-PNC, instituciones encargadas de velar por el bienestar y la seguridad de la población, contribuye a perpetrar estas violaciones.
Por lo anterior, las comunidades y la población, en conjunto con diferentes organizaciones sociales, demandamos de las autoridades competentes y del nuevo gobierno una investigación exhaustiva de estos graves hechos, que atentan con la seguridad y la vida de estos ciudadanos, así como determinar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera.
A la comunidad internacional pedimos que se mantengan atentos a las persecuciones políticas que sufren los y las salvadoreñas, denuncien y presionen a las autoridades salvadoreñas por el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos en El Salvador.
Callejas resalta importancia de la diversidad en el acceso a la información y los medios
Diario Co Latino - Gloria Silvia Orellana
Durante el Foro "Democraticemos la Comunicación para Democratizar al país", la vicepresidenta de AMARC, Aleida Callejas señaló la importancia del papel del Estado para cumplir con la garantía de la población de respetar sus derechos de libertad de expresión e información, que son los principios esenciales de una democracia. Agregó que la "diversidad y la pluralidad en el acceso a la información y medios de comunicación, es fundamental para la democracia".
Hay que democratizar la información para construir una sociedad participativaAleida Callejas, periodista mexicana, vicepresidenta de AMARC internacional, fue enfática al afirmar que la «diversidad y la pluralidad en el acceso a la información y medios de comunicación, es fundamental para la democracia», que deriva en el desarrollo integral de la población.
En el Foro «Democraticemos la Comunicación para Democratizar al país», Callejas señaló la importancia del papel de los Estados para cumplir con la garantía a la población al respetar sus derechos de libertad de expresión e información, que son los principios esenciales de democracia.
El hecho que las frecuencias de televisión o radio, se asignen por medio de «subastas» o con base a criterios mercantilistas de forma implícita lleva una «discriminación», explicó Callejas.
«Las reglas están establecidas para que unos pocos, puedan acceder, ese sistema de subasta, es contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión; la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido claramente que poner requisitos técnicos y financieros, como principales condiciones, para acceder a las frecuencias es antidemocrático», reiteró.
Asimismo, opinó que los Estados deberán ser los garantes de políticas y normativas democráticas, equitativas e incluyentes, para que la población tenga la oportunidad de fundar sus medios propios y crear sus propias redes.
«Cuando se habla del cumplimiento de los derechos, se habla de izquierda, pero inclusive el mismo Banco Mundial ha dicho que los medios comunitarios, son necesarios sobre todo, en aquellas poblaciones donde hay carencias para el desarrollo y ningún grupo de estos (dueños de frecuencias) puede decir, que el Banco Mundial es comunista o de izquierda también, la Unión Europea, UNESCO, no hay discusión», afirmó.
Sin omitir, que si el medio alternativo es de izquierda, tiene el legítimo derecho de sus propias ideas y su visión de trabajo, a partir de elementos sociales, políticos y económicos propios.
«Es totalmente necesario que en un sistema democrático, exista un equilibrio entre las fuerzas e ideologías en los diferentes puntos de vista; si no lo ven así, es una tendencia de tipo discriminatoria. ¡Viva la pluralidad…Viva la diversidad! Que es el principio esencial de la democracia», aseguró.
Por su parte, Óscar Pérez, de AMARC, describió que la hegemonía que detentaban los grupos de poder económico, ha venido vulnerando los derechos de los grupos sociales.
«Hay que llevar al debate la ley de acceso a la información, la digitalización de las frecuencias, el acceso justo y equitativo de las frecuencias de radio y televisión, la revitalización de los canales nacionales (2 radios y un canal de TV), y el dar un espacio a radios alternativas, y no sólo radios comerciales o nacionales y una política pública que garantice el Estado», señaló.
Asimismo, Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, consideró que el programa de gobierno del Presidente Mauricio Funes y su partido FMLN, tiene unas cuantas propuestas que pueden ser retomadas para generar políticas estratégicas.
«Se debe hacer una reforma política e institucional del esquema de funcionamiento de las comunicaciones en el país, si esto no se garantiza, no se podrá impactar en el desarrollo de la población, si persiste lo mercantil», subrayó.
Entre los invitados de honor se encontraba el Secretario de Asuntos Estratégicos, Francis Hato Hasbun y Saúl Vásquez, de la SIGET, quienes mostraron su anuencia con las propuestas del Movimiento para la Comunicación Democrática, a quienes invitaron a participar en la definición de las nuevas leyes.
Este movimiento social lo constituyen AMARC, ARPAS, Radio Guazapa, CORAMS, SINPESS, FESPAD, CIDEP, Diario Co Latino, Radio YSUCA y El Independiente, entre otros medios alternativos.
En el Foro «Democraticemos la Comunicación para Democratizar al país», Callejas señaló la importancia del papel de los Estados para cumplir con la garantía a la población al respetar sus derechos de libertad de expresión e información, que son los principios esenciales de democracia.
El hecho que las frecuencias de televisión o radio, se asignen por medio de «subastas» o con base a criterios mercantilistas de forma implícita lleva una «discriminación», explicó Callejas.
«Las reglas están establecidas para que unos pocos, puedan acceder, ese sistema de subasta, es contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión; la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido claramente que poner requisitos técnicos y financieros, como principales condiciones, para acceder a las frecuencias es antidemocrático», reiteró.
Asimismo, opinó que los Estados deberán ser los garantes de políticas y normativas democráticas, equitativas e incluyentes, para que la población tenga la oportunidad de fundar sus medios propios y crear sus propias redes.
«Cuando se habla del cumplimiento de los derechos, se habla de izquierda, pero inclusive el mismo Banco Mundial ha dicho que los medios comunitarios, son necesarios sobre todo, en aquellas poblaciones donde hay carencias para el desarrollo y ningún grupo de estos (dueños de frecuencias) puede decir, que el Banco Mundial es comunista o de izquierda también, la Unión Europea, UNESCO, no hay discusión», afirmó.
Sin omitir, que si el medio alternativo es de izquierda, tiene el legítimo derecho de sus propias ideas y su visión de trabajo, a partir de elementos sociales, políticos y económicos propios.
«Es totalmente necesario que en un sistema democrático, exista un equilibrio entre las fuerzas e ideologías en los diferentes puntos de vista; si no lo ven así, es una tendencia de tipo discriminatoria. ¡Viva la pluralidad…Viva la diversidad! Que es el principio esencial de la democracia», aseguró.
Por su parte, Óscar Pérez, de AMARC, describió que la hegemonía que detentaban los grupos de poder económico, ha venido vulnerando los derechos de los grupos sociales.
«Hay que llevar al debate la ley de acceso a la información, la digitalización de las frecuencias, el acceso justo y equitativo de las frecuencias de radio y televisión, la revitalización de los canales nacionales (2 radios y un canal de TV), y el dar un espacio a radios alternativas, y no sólo radios comerciales o nacionales y una política pública que garantice el Estado», señaló.
Asimismo, Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, consideró que el programa de gobierno del Presidente Mauricio Funes y su partido FMLN, tiene unas cuantas propuestas que pueden ser retomadas para generar políticas estratégicas.
«Se debe hacer una reforma política e institucional del esquema de funcionamiento de las comunicaciones en el país, si esto no se garantiza, no se podrá impactar en el desarrollo de la población, si persiste lo mercantil», subrayó.
Entre los invitados de honor se encontraba el Secretario de Asuntos Estratégicos, Francis Hato Hasbun y Saúl Vásquez, de la SIGET, quienes mostraron su anuencia con las propuestas del Movimiento para la Comunicación Democrática, a quienes invitaron a participar en la definición de las nuevas leyes.
Este movimiento social lo constituyen AMARC, ARPAS, Radio Guazapa, CORAMS, SINPESS, FESPAD, CIDEP, Diario Co Latino, Radio YSUCA y El Independiente, entre otros medios alternativos.
El Salvador decide por el estándar ATSC en TV digital
Finalmente, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) adoptó la medida de adoptar la norma estadounidense ATSC para la TV Digital. El grupo de empresas que promovían tal decisión, nucleadas en ATSC Forum (quienes escriben el siguiente comunicado), se muestran satisfechas con la decisión. De hecho su presidente, Robert Graves manifestó que "el gobierno de El Salvador ha dado uno de los pasos más importantes en pro de garantizar el éxito de la transmisión de televisión digital" en el país.
ATSC Forum celebra la decisión de El Salvador de adoptar ATSCWASHINGTON, 8 de Mayo de 2009 - Hoy, el ATSC Forum celebra la decisión de El Salvador de adoptar el estándar ATSC para la radiodifusión digital terrestre de televisión en ese país. La decisión tomada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), beneficia por igual tanto a los ciudadanos como a los radiodifusores de El Salvador.
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"Mediante la adopción de ATSC", señaló Robert Graves, presidente del ATSC Forum, "el Gobierno de EL Salvador ha dado uno de los pasos más importantes en pro de garantizar el éxito de la transmisión de televisión digital en ese país. Al converger con los enormes mercados de América del Norte y Corea del Sur, El Salvador segura a sus ciudadanos la más amplia variedad de productos de consumo a los precios más bajos posibles. Al mismo tiempo, los Radiodifusores de Televisión de El Salvador lograrán la mejor cobertura de recepción, a la par que entregarán la mayor carga útil de información posible, la cual permitirá ofrecer a los televidentes una gran cantidad y calidad de servicios, todos ellos con equipos de radiodifusión de los mas bajos precios de adquisición y operación." La familia de estándares ATSC proveerá a los radiodifusores de El Salvador la flexibilidad para entregar en su canal de 6 MHz múltiples señales digitales de definición estándar, servicios de datos, señales en Alta Definición (HDTV), y una muy robusta transmisión para dispositivos móviles y de mano.
La decisión en El Salvador, aprobada el 22 de abril, se basó en un informe técnico emitido por la Oficina de Telecomunicaciones de la SIGET el 4 de abril, que a su vez se basó en las recomendaciones emitidas en marzo de 2008 por la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones en Centroamérica (COMTELCA) en un informe titulado "Recomendaciones básicas para la implementación de la radiodifusión de televisión digital en Centroamérica." Honduras adoptó el estándar ATSC en enero de 2007, y las emisiones de televisión digital ATSC, que incluyen televisión de alta definición, están en el aire en dos ciudades de ese país. Emisiones en ATSC HDTV también se iniciaron en el 2006 tanto en Guatemala como en Costa Rica, y se siguen haciendo esfuerzos para llevar la radiodifusión de televisión digital ATSC a los demás países de la región.
La adopción de la norma de TV digital ATSC en El Salvador es oportuna porque otros países de América Latina, incluyendo Argentina, Chile, Ecuador y la República Dominicana, se están preparando para elegir sus normas de radiodifusión de televisión digital. El estándar ATSC está totalmente desplegado en los Estados Unidos y Corea del Sur, y también está ampliamente desplegado en Canadá y México. Más de 140 millones de receptores ATSC han sido vendidos en todo el mundo desde fines de 1998, y más de 30 millones de receptores por año se esperan vender en el futuro. El Salvador se une a los más de 500 millones de personas en todo el mundo para los que los servicios de televisión digital ATSC ya están disponibles. Al explicar su decisión, la SIGET tomó nota de las estrechas relaciones comerciales con otros países que han adoptado ATSC, incluido el hecho de que Canadá y los EE.UU. exportan gran parte del equipamiento tecnológico implementado en El Salvador, y citó de ATSC las siguientes características:
La capacidad de lograr transmisiones digitales, incluyendo las de Alta Definición (HDTV) en canales de 6 MHz, que es el mismo ancho de banda que se usa en El Salvador,
La eficiencia en la transmisión de señales, que permite maximizar la cobertura del área de servicio con la menor potencia posible y así habilitar a las radiodifusoras de televisión para replicar su cobertura analógica al menor costo,
La posibilidad de aprovechar las potenciales economías de escala en la producción global de aparatos de recepción, a fin de aprovechar la reducción de costos en beneficio de la sociedad,
La disponibilidad de aparatos de recepción en condiciones favorables de calidad, diversidad y precio que permiten aplicaciones interactivas y una mejor calidad y definición de imagen,
Flexibilidad para el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones móviles y portátiles.
"Nos complace dar la bienvenida a El Salvador a la familia de países que han adoptado el estándar ATSC", señaló Graves, "y esperamos con interés trabajar tanto con los radiodifusores de televisión como con las autoridades públicas encargadas de la formulación de políticas, para promover la implementación rápida y exitosa de la radiodifusión de televisión digital usando la familia de estándares de ATSC".
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"Mediante la adopción de ATSC", señaló Robert Graves, presidente del ATSC Forum, "el Gobierno de EL Salvador ha dado uno de los pasos más importantes en pro de garantizar el éxito de la transmisión de televisión digital en ese país. Al converger con los enormes mercados de América del Norte y Corea del Sur, El Salvador segura a sus ciudadanos la más amplia variedad de productos de consumo a los precios más bajos posibles. Al mismo tiempo, los Radiodifusores de Televisión de El Salvador lograrán la mejor cobertura de recepción, a la par que entregarán la mayor carga útil de información posible, la cual permitirá ofrecer a los televidentes una gran cantidad y calidad de servicios, todos ellos con equipos de radiodifusión de los mas bajos precios de adquisición y operación." La familia de estándares ATSC proveerá a los radiodifusores de El Salvador la flexibilidad para entregar en su canal de 6 MHz múltiples señales digitales de definición estándar, servicios de datos, señales en Alta Definición (HDTV), y una muy robusta transmisión para dispositivos móviles y de mano.
La decisión en El Salvador, aprobada el 22 de abril, se basó en un informe técnico emitido por la Oficina de Telecomunicaciones de la SIGET el 4 de abril, que a su vez se basó en las recomendaciones emitidas en marzo de 2008 por la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones en Centroamérica (COMTELCA) en un informe titulado "Recomendaciones básicas para la implementación de la radiodifusión de televisión digital en Centroamérica." Honduras adoptó el estándar ATSC en enero de 2007, y las emisiones de televisión digital ATSC, que incluyen televisión de alta definición, están en el aire en dos ciudades de ese país. Emisiones en ATSC HDTV también se iniciaron en el 2006 tanto en Guatemala como en Costa Rica, y se siguen haciendo esfuerzos para llevar la radiodifusión de televisión digital ATSC a los demás países de la región.
La adopción de la norma de TV digital ATSC en El Salvador es oportuna porque otros países de América Latina, incluyendo Argentina, Chile, Ecuador y la República Dominicana, se están preparando para elegir sus normas de radiodifusión de televisión digital. El estándar ATSC está totalmente desplegado en los Estados Unidos y Corea del Sur, y también está ampliamente desplegado en Canadá y México. Más de 140 millones de receptores ATSC han sido vendidos en todo el mundo desde fines de 1998, y más de 30 millones de receptores por año se esperan vender en el futuro. El Salvador se une a los más de 500 millones de personas en todo el mundo para los que los servicios de televisión digital ATSC ya están disponibles. Al explicar su decisión, la SIGET tomó nota de las estrechas relaciones comerciales con otros países que han adoptado ATSC, incluido el hecho de que Canadá y los EE.UU. exportan gran parte del equipamiento tecnológico implementado en El Salvador, y citó de ATSC las siguientes características:
La capacidad de lograr transmisiones digitales, incluyendo las de Alta Definición (HDTV) en canales de 6 MHz, que es el mismo ancho de banda que se usa en El Salvador,
La eficiencia en la transmisión de señales, que permite maximizar la cobertura del área de servicio con la menor potencia posible y así habilitar a las radiodifusoras de televisión para replicar su cobertura analógica al menor costo,
La posibilidad de aprovechar las potenciales economías de escala en la producción global de aparatos de recepción, a fin de aprovechar la reducción de costos en beneficio de la sociedad,
La disponibilidad de aparatos de recepción en condiciones favorables de calidad, diversidad y precio que permiten aplicaciones interactivas y una mejor calidad y definición de imagen,
Flexibilidad para el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones móviles y portátiles.
"Nos complace dar la bienvenida a El Salvador a la familia de países que han adoptado el estándar ATSC", señaló Graves, "y esperamos con interés trabajar tanto con los radiodifusores de televisión como con las autoridades públicas encargadas de la formulación de políticas, para promover la implementación rápida y exitosa de la radiodifusión de televisión digital usando la familia de estándares de ATSC".
Periodistas y medios demandan al nuevo gobierno aprobar leyes y políticas públicas para democratizar la comunicación
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Movimiento para la Comunicación Democrática lanzó una plataforma de reivindicaciones que el gobierno electo –quien asumirá el próximo 1º de junio– debería implementar como políticas públicas en materia de información y comunicación. [ver "Manifiesto: Libertad de Expresión para un nuevo país"]
Según el Movimiento, que está conformado por distintas organizaciones vinculadas a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación –entre las que se encuentra AMARC–, el diseño e implementación de esas políticas públicas contribuirá “al inicio de la democratización de las comunicaciones, como elemento clave para apoyar y fortalecer el proceso democrático y de alternancia política que estamos viviendo”.
Estas organizaciones demandan “la aprobación de una ley de acceso a la información pública” así como una legislación en materia de asignación de publicidad oficial “con criterios técnicos y equitativos, considerando aspectos nacionales, regionales y locales, segmentados por públicos, para garantizar que ésta no sirva para premiar o castigar a los medios de comunicación que no coinciden con las políticas gubernamentales”.
Por otro lado, exigen “una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias” en la que participen los tres sectores de la radiodifusión: el público-estatal, el privado-comercial y el comunitario.
Entienden necesaria una “revisión y reformas de la Ley de Telecomunicaciones, para garantizar un acceso democrático, justo y equitativo de la ciudadanía, a las frecuencias de radio y televisión”. En tal sentido recomiendan distribuir el espectro radioeléctrico entre los tres sectores antes mencionados.
El Movimiento para la Comunicación Democrática está integrado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo El Salvador (AMARC-ES), la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICÁNDONOS), el Sindicato de Periodistas Independientes y Similares de El Salvador (SINPES), el Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (CORAMS), la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), El Independiente, Diario Colatino, Radio Guazapa y la Fundación de Estudios Jurídicos para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Estas organizaciones demandan “la aprobación de una ley de acceso a la información pública” así como una legislación en materia de asignación de publicidad oficial “con criterios técnicos y equitativos, considerando aspectos nacionales, regionales y locales, segmentados por públicos, para garantizar que ésta no sirva para premiar o castigar a los medios de comunicación que no coinciden con las políticas gubernamentales”.
Por otro lado, exigen “una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias” en la que participen los tres sectores de la radiodifusión: el público-estatal, el privado-comercial y el comunitario.
Entienden necesaria una “revisión y reformas de la Ley de Telecomunicaciones, para garantizar un acceso democrático, justo y equitativo de la ciudadanía, a las frecuencias de radio y televisión”. En tal sentido recomiendan distribuir el espectro radioeléctrico entre los tres sectores antes mencionados.
El Movimiento para la Comunicación Democrática está integrado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo El Salvador (AMARC-ES), la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICÁNDONOS), el Sindicato de Periodistas Independientes y Similares de El Salvador (SINPES), el Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (CORAMS), la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), El Independiente, Diario Colatino, Radio Guazapa y la Fundación de Estudios Jurídicos para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Reporteros sin Fronteras reclama el esclarecimiento de hechos de violencia
Reporteros sin Fronteras
Allan Martell, productor de la emisora comunitaria Radio Bálsamo, sufrió una agresión cuando realizaba un documental sobre el problema de distribución del agua en Huizucar, un municipio cercano a San Salvador. La agresión fue perpetrada por funcionarios municipales, quienes también agredieron a Robert Guzmán, miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal Visión (ADESCOVI) en Huizucar.
El Salvador: funcionarios municipales y un fiscal agraden a un periodista comunitario
Reporteros sin Fronteras pide a la justicia que aclare completamente la agresión sufrida, el 17 de septiembre de 2008 en Zaragoza (Departamento de La Libertad, Oeste), por Allan Martell, productor de la radio comunitaria Radio Bálsamo (http://balsamofm.blogspot.com), cuando realizaba un documental sobre el problema de distribución del agua en Huizucar, un municipio cercano a San Salvador. Robert Guzmán, miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal Visión (ADESCOVI) en Huizucar, también sufrió la violencia de los funcionarios.
Allan Martell acompañaba a hacer un reportaje a dos miembros de Asociación Comunitaria Unida para el Agua y la Agricultura (ACUA), cuando fueron atacados por funcionarios municipales. Querían grabar las dificultades que tienen los vecinos de Huizucar, obligados a hacer cola cada cuatro días, en plena noche, para aprovisionarse de agua.
Los dos miembros asociativos habían anunciado su presencia a través de la ADESCOVI. Llevaban grabando apenas diez minutos cuando el alcalde de Huizucar, Moisés Amilcar Tamacas, les bloqueó la carretera con su coche.
El concejal Julio Hernández, que acudió de refuerzo, intentó a continuación arrancar de manos de Roberto Guzmán la cámara con que grababa. El fiscal del municipio, José Arias, apareció posteriormente armado con un cuchillo, con el que amenazó a Roberto Guzmán. Allan Martell no tuvo tiempo de grabar la escena porque José Arias cayó sobre él e intentó romperle la cámara, lo que le obligó a dejar de grabar. El periodista ha presentado una denuncia.
"Nos tememos que la investigación vaya muy lenta a causa de las funciones asumidas por los agresores. El hecho de que sean un alcalde y un fiscal hace aun más inadmisible este tipo de atentados a la libertad de prensa", ha declarado Reporteros sin Fronteras.
Mesa convocada por FMLN pide regular medios
El candidato presidencial del Frente, Mauricio Funes, buscará incorporar a su plan de gobierno una estrategia de medios que incluye la regulación de pauta publicitaria.
Eliminar la subasta pública como mecanismo para asignar frecuencias del espectro radiofónico eléctrico y de televisión, así como regular la asignación de pauta publicitaria estatal fueron dos propuestas que un grupo de periodistas, convocado por el FMLN, dio ayer al candidato presidencial de ese partido, Mauricio Funes.
“Tengan la plena confianza de que estos aportes serán analizados, discutidos y vamos a hacer todo el esfuerzo para integrarlos en nuestro programa de gobierno”, dijo el candidato al recibir el documento.
“Yo como ustedes también soy de la opinión que se requiere de políticas públicas en el terreno de las comunicaciones”, manifestó Funes, para luego decir que la pauta publicitaria será reducida.
Carlos Renderos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), expresó al respecto que las subastas eran un mecanismo accesible y quienes propones esta legislación deben analizar los pro y contra que esto podría traer.
Otros periodistas y directores de medios mostraron preocupación por el riesgo de control estatal que la propuesta, según ellos, implica. (Ver nota aparte).
Argumentos
Uno de los argumentos para eliminar las subastas como mecanismo de asignación es, según las gremiales convocadas por el Frente, “ garantizar un acceso democrático justo y equitativo de la ciudadanía a las frecuencias de radio y televisión”. Así lo planteó Mauricio Mejía, de radio Maya Visión, medio de línea editorial identificada plenamente con los postulados del FMLN y con su campaña electoral.
Las asociaciones del Diálogo Social Abierto, convocado por el Frente para participar en la elaboración de la plataforma de gobierno, también piden hacer una reingeniería en las oficinas del Estado encargadas de censurar los medios y los espectáculos para que la responsabilidad de los padres de supervisar lo que sus hijos vean sea tomada por un “organismo cívico con amplia representación social”.
La propuesta fue elaborada por integrantes de las gremiales SIMPESS, AMARC, ARPAS y APES, las cuales también sugieren crear una ley de prensa que incluya sanciones para periodistas que “reciban sobornos”, pero también a quienes “violentan los principios éticos de la labor periodística”, según el documento presentado ayer en la Universidad de El Salvador.
Los organizadores aseguraron que invitaron a la Asociación de Radiodifusores de El Salvador (ASDER), pero Carlos Renderos, presidente de la gremial, lo desmintió
CIDH consideró situación de radios comunitarias en Centroamérica
El miércoles 19 de julio de 2006, durante su 125° periodo de sesiones realizado en Ciudad de Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgá audiencia a representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) para tratar la situación de las radios comunitarias así como el estado de la legislación y reglamentaciones vigentes en radiodifusión como soporte del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en Centroamérica. Ver: Presentación audiencia Guatemala, julio 2006 en el adjunto [pdf - 32.03 kb]
Durante la audiencia se hizo entrega de un Informe sobre los Marcos Regulatorios en la subregión, en relación con el acceso plural de la ciudadanía a los medios de comunicación. Este estudio fue elaborado en el marco del Programa Centroamérica en Sintonía (CAeSI), que impulsan AMARC-Centroamérica y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).
Ricardo Iglesias, abogado salvadoreño responsable de la coordinación de la investigación, explicó cuáles son los fundamentos jurídicos de derecho internacional que justifican la necesidad de reformas legislativas para disponer de marcos regulatorios más equitativos e incluyentes. Óscar Pérez, coordinador subregional de AMARC-CA, y Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC, realizaron sendas exposiciones donde analizaron los límites al derecho a la información en otros países de la subregión y el continente.
El estudio presentado constata que el marco regulatorio de la radiodifusión de los países centroamericanos no es compatible con los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en primera instancia y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dictados en el 108º período de sesiones de la Comisión. "Si bien se reconoce en la normativa internacional", dice el informe, "que el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad, la legislación interna y los sistemas de administración y control de su funcionamiento ignoran su función radical para la democracia y la promoción del desarrollo y los derechos fundamentales".
En todos los países de Centroamérica "se ha impuesto la lógica del mercado en el acceso a las frecuencias radioeléctricas y esta lógica es tutelada por las leyes vigentes" donde "las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico son otorgadas sobre la base de criterios esencialmente financieros".
Las frecuencias se venden en subastas al mejor postor o a través de procedimientos que tienen los requisitos económicos como criterio fundamental para su asignación, "lo cual limita o impide significativamente el acceso al espectro y a la radiodifusión a sectores con escaso poder económico o a iniciativas ciudadanas cuya lógica de utilización de la frecuencia responde a criterios de beneficio y desarrollo social de las comunidades en las que se insertan, como las emisoras comunitarias".
En una exposición final, Ricardo Sandoval, representante nacional de AMARC en Guatemala, alentó a la Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a que "sigan realizando un monitoreo de la situación de los medios comunitarios y las condiciones de acceso y uso a las frecuencias de radio y TV como un indicador del estado de la libertad de expresión en nuestros países" y solicitó "se pronuncie exigiendo a los Estados centroamericanos adapten su legislación de radiodifusión a los estándares interamericanos de derechos humanos tomando en cuenta las decisiones y recomendaciones que se han elaborado al respecto".
A su vez, AMARC reiteró su pedido para que la Comisión realice un Informe respecto a la Compatibilidad de los marcos regulatorios respecto a las condiciones de acceso y uso de frecuencias de radio y TV, y la Convención Americana de Derechos Humanos y otras opiniones e instrumentos relacionados, tal como se hiciera sobre las leyes de desacato y solicitó "muy especialmente", un acompañamiento cercano de la Comisión y su Relator Especial para la Libertad de Expresión respecto a la situación de las emisoras comunitarias en Guatemala y las iniciativas para modificar su legislación, "en consonancia con la expresa voluntad del Estado de Guatemala y AMARC manifestadas en ocasión de la audiencia realizada en marzo de 2005".
Para este fin, se pidió apoyo a la Comisión para garantizar las condiciones adecuadas para el funcionamiento efectivo de la Mesa de Diálogo, debido al reiterado boicoteo del Ministerio Público que sigue reprimiendo a las radios y asociaciones que están participando de este proceso.
A lo largo del turno de preguntas y respuestas, la CIDH se mostró interesada en conocer la identidad de las radios comunitarias de Guatemala, así como las formas habituales de financiación de estas emisoras en Centroamérica. Así mismo, felicitó los planteos de AMARC en cuanto a solicitar que los marcos regulatorios de Centroamérica se adecuen a los estándares internacionales de derechos humanos para combatir la adjudicación de frecuencias mediante subastas, donde sólo se tienen en cuenta criterios económicos, aspecto ya considerado por la Comisión y la Relatoría de Libertad de Expresión como "antidemocrático". Con estas acciones, se trata de evitar la mercantilización de un derecho humano fundamental.
Por último, la CIDH también instó a AMARC para que prepare la presentación de casos específicos a partir de los cuales poder sentar jurisprudencia internacional y realizó una serie de consultas para continuar con el diálogo y la coordinación de acciones hasta la próxima audiencia pública.
Diario Co Latino
Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió con organizaciones sociales salvadoreñas dedicadas al estudio y fortalecimiento del acceso a la información y la libertad de expresión del país.
La Relatoría Especial fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1997, en el Noveno Séptimo período de sesiones, oficina que se caracteriza por un mandato permanente, con independencia funcional y estructura operativa.
Botero fue invitada por la Convención Judicial 2010, en la que expuso sobre derecho a la información y la transparencia de las instituciones de Estado, en el manejo de información pública.
“No conozco el contexto salvadoreño -pero creo- que en cualquier país se pueden dar relaciones armónicas entre los medios de comunicación y el Estado, esto no quiere decir que no se manejen tensión entre ambos actores porque el papel de los medios es de cuestionar, preguntar, indagar -ellos- no tienen la misión de aplaudirle al Estado, pero deben hacerlo con normas éticas de autorregulación”, declaró.
Asimismo, consideró que los funcionarios públicos y el Estado debería entender el papel de “crítica” de los periodistas al interior de la sociedad salvadoreña a quien informan “teniendo clara esas dos premisas del papel de cada uno de ellos, será más fácil construir una cultura armónica, aunque no estará exenta de tensiones”, agregó.
Catalina Botero y Flor Elba Castro Martínez Especialista en Derechos Humanos, explicaron el alcance y contribución que puede realizar esta oficia en los Estados miembros de la OEA.
Botero explicó: “Redactamos informes específicos o temáticos, así como, acciones de verificación o seguimiento de las condiciones del ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los Estados miembros”.
La Relatoría Especial, según explicó, Flor Elba Castro, se extiende a la prestación de asesoría técnica a los órganos de la OEA y de la elaboración de un informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en las Américas.
“Este informe sería considerado por el pleno de la CIDH, para que sea incluido en el informe Anual de la Asamblea General”, dijo.
Mientras Catalina Botero habló de las “medidas cautelares” en materia de libertad de expresión, que pretende evitar un perjuicio grave, inminente o irremediable de a las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado.
Entre las organizaciones invitadas se contó con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Maestría en Comunicaciones de la UCA, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Departamento de Letras , Comunicación de la UCA, entre otras.
